La defensa de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano presentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para oponerse a la prórroga de 60 días solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para responder al informe de apelación.

En el documento de cinco páginas, fechado el 12 de noviembre, la licenciada Kendys Pimentel Soto sostuvo que la Fiscalía federal ha tenido acceso a los planteamientos de su clienta por casi cinco meses —al menos 163 días— y recordó que el escrito inicial fue presentado el 3 de junio de este año.

Además, cuestionó la “prioridad menor” que la Fiscalía ha otorgado a su apelación y advirtió que las prioridades internas del Departamento de Justicia no deberían condicionar el curso del caso.

“Casi todos los asuntos de la apelación fueron ventilados ante el Tribunal de Distrito y, por tanto, no son nuevos para el gobierno”, indicó Pimentel Soto.

Señaló que, aunque la apelación del esposo de la exlegisladora, Orlando Montes Rivera, fue consolidada con la de su clienta, él adoptó íntegramente sus planteamientos y solo incorporó dos asuntos adicionales, incluido un supuesto error de sentencia.

“Charbonier Laureano se encuentra encarcelada. La solicitud del gobierno para una prórroga de 60 días para presentar el escrito no está razonablemente justificada dadas las circunstancias. No existe causa suficiente que justifique un plazo tan prolongado”, dijo.

Pimentel Soto añadió que, por lo general, no se opone a prórrogas razonables solicitadas por la Fiscalía federal. Sin embargo, consideró que las razones presentadas no justifican un plazo tan extenso y, por ello, solicitó que no se concedan más de 30 días para que el gobierno presente su respuesta al informe de apelación.

La licenciada también respondió a los argumentos del fiscal Brendan B. Gants, de la División de Delitos Criminales de Justicia federal en Washington D. C., quien spstuvo que la exlegisladora solicitó previamente prórrogas que totalizaron 199 días, “implicando que, dado que se le concedieron dichas extensiones, el gobierno tendría derecho a un trato equivalente”.

“La señora Charbonier Laureano está representada por una abogada designada por el tribunal que ejerce individualmente y que no cuenta —ni remotamente— con los amplios recursos con los que dispone el gobierno, incluidos decenas de fiscales en la Fiscalía federal local y muchos más en la División de Apelaciones del Departamento de Justicia en Washington, D. C.“, dijo.

Mencionó que el trabajo requerido para redactar el escrito inicial difiere marcadamente del que se requiere para presentar una contestación, que es más enfocada y limitada, y que por lo general no requiere apéndices. “Y, nuevamente, el gobierno recibió copia del escrito inicial de la señora Charbonier Laureano hace por lo menos 163 días”, aseveró la licenciada.

Respecto al escrito de Montes Rivera, presentado el 14 de octubre y que sumaba, junto al de Charbonier Laureano, 54,873 palabras, la defensa aclaró que el esposo de la exrepresentante adoptó en su totalidad los planteamientos de Charbonier y solo añadió dos errores adicionales que no requerían un análisis extenso, por lo que “no aportó significativamente a lo que el gobierno ya conocía desde el 3 de junio”.

La abogada puntualizó que esta es la primera prórroga solicitada por la Fiscalía federal, pero que el número de solicitudes no es lo central, sino si existen circunstancias que justifiquen una extensión de 60 días, algo que, según sostuvo, no ocurre.

Por último, la licenciada objetó el argumento presentado por Gants, quien sostuvo que, desde el inicio del proceso apelativo en julio de 2024, el caso fue atendido por el fiscal W. Connor Winn, quien recientemente fue reasignado a atender un caso en el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito.

“Charbonier Laureano objeta la prioridad menor que el Departamento de Justicia le ha dado a su apelación y sostiene que esto no justifica la prolongada extensión solicitada. También ilustra que las prioridades internas del Departamento de Justicia —todas bajo su control, según la lista incluida en el párrafo ocho de la moción de prórroga— no deben determinar el curso de este caso", mencionó.

“Tenía el gobierno un plazo de vencimiento el 13 de noviembre de 2025, y recibió el escrito inicial de la apelante desde el 3 de junio de 2025; por tanto, la apelación debió asignarse con prioridad”, concluyó.

La defensa de Charbonier Laureano y Montes Rivera acudió a Boston para solicitar que se anule el veredicto de culpabilidad que emitió un jurado en enero de 2024. Como parte de la apelación, alegan errores durante el proceso en el Tribunal Federal en Puerto Rico.

Los convictos enfrentaron cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (“kickbacks”), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero, relacionados con un esquema de corrupción que, según la Fiscalía federal, resultó en pérdidas por $136,500, monto que deben restituir.

La jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal, sentenció a Charbonier Laureano a ocho años de prisión y dos años de libertad supervisada. Mientras, Montes Rivera deberá cumplir cuatro años y nueve meses de prisión, y un año de libertad supervisada.