La defensa del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para reclamar la entrega de una copia del informe de auditoría forense realizado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que dio paso a la radicación de cargos en su contra.

En una petición de revisión radicada el martes, 12 de julio, los abogados Mayra López Mulero y Alberto Rivera Ramos argumentaron que la jueza del Tribunal de Primera Instancia Joie-Lin Laó Meléndez erró cuando determinó, el mes pasado, que el informe debía mantenerse confidencial y que este no contiene prueba exculpatoria, por lo cual no debe compartirse con la defensa.

Los abogados sostienen que necesitan copia del documento para poder contrainterrogar a la auditora de la OEG Yaminelle Márquez Canales, quien será la testigo principal en la vista preliminar contra Maldonado Gautier, según ha anunciado la Oficina de Fiscal Especial Independiente (FEI). Indicaron que las disposiciones de la OEG establecen que las irregularidades detectadas en auditorías forenses deben discutirse, en primer lugar, por la vía administrativa, por lo cual tener copia del informe permitirá determinar por qué no se siguió ese proceso.

“El señor Raúl Maldonado Gautier tiene el derecho de obtener copia del informe y/o referido y/o auditoría junto a sus anejos porque fue realizado por la testigo que declarará en la vista preliminar Yaminelle Márquez Canales, del Área de Informes Financieros, quien estuvo a cargo de realizar la auditoría y refirió sus hallazgos al señor Héctor R. Bladuell Viera. La razón es obvia, se trata de prueba indispensable para fines impugnatorios de la credibilidad de la testigo cuando se siente a declarar. El debido proceso de ley así lo exige. Esto garantiza que el señor Maldonado Gautier tenga una representación adecuada, responsable y eficaz”, lee la moción.

Para la defensa, la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia de entregar el informe “constituye un claro abuso de discreción”.

“La Oficina de Ética Gubernamental no cumplió con su deber ministerial al comenzar un proceso de índole penal y criminal contra el señor Maldonado Gautier sin concederle su derecho a un proceso administrativo”, indica la moción.

“Por ende, es forzoso concluir que la auditoría en este caso se apartó del trámite ordinario que exige la propia Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Esa circunstancia le permite a la Defensa impugnar procesar y sustantivamente el trabajo realizado por la testigo anunciada y, por lo tanto, se tata de evidencia beneficiosa, favorable y existente”, añadió la defensa.

Maldonado Gautier enfrenta seis cargos: tres cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental al, supuestamente, no informar como ingresos $77,915.91 en su informe de 2016, $80,762.36 en el informe financiero correspondiente al año 2017 y $10,000 en el año 2018; y tres violaciones al Código Penal al presuntamente mentir bajo juramento cuando certificó a la OEG que los datos provistos en esos estados de situación eran correctos.

En junio, la jueza Lao Meléndez emitió una resolución en la cual estableció que, tras leer el informe, este no constituye prueba exculpatoria. “No podemos pasar por alto el hecho de que en varias ocasiones los fiscales han informado –tanto de manera oral como escrita- que no presentarán como prueba el informe en la etapa de vista preliminar... El imputado no está en una posición de indefensión”, indicó la jueza, según un extracto de su resolución contenida en la moción al Tribunal de Apelaciones.