Residencia donde ocurrió la primera masacre de 2020 que le costó la vida a cuatro personas en una residencia en Trujillo Alto.
Residencia donde ocurrió la primera masacre de 2020 que le costó la vida a cuatro personas en una residencia en Trujillo Alto. (Teresa Canino Rivera)

El juicio contra José Carlos Aponte Ramos, acusado de asesinar a un matrimonio y a dos de sus hijos el 1 de enero de 2020 en lo que fue la primera masacre del año, en hechos que ocurrieron en el barrio Carraízo de Trujillo Alto, entró hoy, martes, en su cuarto día con el contrainterrogatorio del investigador primario del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) Jonathan Santiago Berríos.

Aponte Ramos enfrenta cuatro cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Edwin Ramos y Dorothy Wickline, y la de sus hijos gemelos de nueve años Erick y Jorge. El acusado también enfrenta un cargo de tentativa de asesinato, pues en el ataque otro de los hijos del matrimonio, Alex Ramos Wickline, resultó gravemente herido. Por último, Aponte Ramos también enfrenta seis cargos por infracciones a la Ley de Armas.

La licenciada Mayra López Mulero, abogada de Aponte Ramos, inició el contrainterrogatorio de Santiago Berríos, celebrado en el Tribunal de Carolina, sala 204 de la jueza Berthaida Seijo Ortiz, cerca de las 2:00 de la tarde.

La abogada, a grandes rasgos, intentó establecer que Santiago Berríos, que laboraba en el ICF desde el 2015, realizó varios errores y no siguió procesos establecidos de análisis de la escena y recopilación de evidencia levantada de la residencia ubicada en la calle Los Ramos. Del mismo modo, resaltó que aunque Santiago Berríos se identificó como miembro del Negociado de la Policía durante su testimonio, en estos momentos es un cadete que se graduará mañana, miércoles.

“El caso ha transcurrido bastante lento, y eso es atribuible a la complejidad del caso y las materias que se están presentando que tienen que ver con la etapa inicial de la investigación. Vamos dirigidos a cuestionar la rigurosidad del trabajo realizado en la fase investigativa en un caso tan complejo como el que estamos discutiendo. Hay serios cuestionamientos sobre la pureza de la investigación, el rigor, la metodología y la confiabilidad de esa investigación”, sostuvo López Mulero a su salida de la sala.

Durante su contrainterrogatorio, López Mulero estableció que Santiago Berríos trabajó tres turnos, comenzando cerca de las 10:00 de la noche del 31 de diciembre de 2019, hasta poco más de las 2:00 p.m. del 1 de enero de 2020, o poco más de 16 horas, y que laboró en otras dos escenas antes de llegar a la residencia en Trujillo Alto donde se escenificó el cuádruple asesinato.

La letrada resaltó, además, que pese a que en la escena se encontraban otros empleados del ICF con mayor experiencia, Santiago Berríos fue designado como el investigador primario de la escena. Al momento de ocurrir el crimen, Santiago Berríos explicó que había trabajado 60 escenas como investigador principal, y sobre 400 como investigador auxiliar.

En total, López Mulero indicó que el personal del ICF levantó 31 piezas de evidencia, pero subrayó que no se levantaron huellas dactilares de los interruptores de luz en la residencia, y tampoco se ocuparon, para análisis, dos vehículos estacionados en el exterior, pues se documentaron piezas de evidencia cercanas a ambos automóviles.

La representante legal de Aponte Ramos también resaltó que, en el proceso de recopilación de evidencia, se movieron los cuerpos de dos de las víctimas para ocupar un casquillo y un fragmento de bala incrustado en el suelo.

Tras un receso de 15 minutos, López Mulero se concentró en un diagrama detallado de la residencia con la ubicación de las piezas de evidencia marcadas. La letrada hizo hincapié en tres piezas de evidencia que fueron recolectadas, pero que no fueron marcadas en la escena o en el diagrama.

López Mulero, además, le preguntó a Santiago Berríos por qué no tomó una muestra de sangre de una alfombra en la residencia, a lo que el investigador contestó que “no era importante”. Del mismo modo, la abogada de defensa señaló que, al no tomar muestras de charcos de sangre en la escena, no existe material genético para determinar si la sangre provino de una sola persona, de varias, o si pertenecían a las víctimas o a el o los agresores.

Santiago Berríos sí indicó que tomó una muestra de sangre encontrada cerca de la entrada a la habitación número 3 de la residencia.

Al intentar preguntarle a Santiago Berríos si llevó el equipo necesario para realizar un análisis de trayectoria de proyectiles, el fiscal Mario Rivera Geigel se opuso. Fue en ese momento que un miembro del jurado informó que no se sentía bien.

Tras una pausa de poco más de 20 minutos, la magistrada Seijo Ortiz detuvo el proceso por el día de hoy y convocó una continuación para mañana, miércoles, desde la 1:30 p.m. Debido a que Santiago Berríos tiene otros compromisos, el contrainterrogatorio de López Mulero continuará el jueves.

La jueza Berthaida Seijo Ortiz preside el juicio por jurado que se lleva a cabo en la sala 204. El púbico en general ni los medios de comunicación tienen acceso a la sala, pues debido a los protocolos para prevenir contagios de COVID-19, la totalidad del espacio se utiliza para los fiscales, abogados de defensa y para los 12 miembros del jurado. Los medios de comunicación y el público presencian los procedimientos desde un televisor en la sala 205, a donde se proyecta lo que ocurre en la sala 204.

Aunque María Cruz Hernández, madre de Dorothy Wickline, se presentó a la sala 204 porque tenía un papel que decía que debía comparecer hoy, martes, el fiscal Geigel le explicó que no le tocaba testificar hoy y se disculpó. Cruz Hernández tuvo que esperar en el pasillo durante el proceso de contrainterrogatorio.

Según la investigación, Aponte Ramos, quien es familiar de las víctimas y quien vivía cerca de la residencia donde ocurrieron los hechos, supuestamente, entró a la casa cerca de las 3:00 a.m. y abrió fuego contra la pareja y tres de sus hijos.

La Fiscalía de Carolina radicó cargos en ausencia contra Aponte Ramos el 7 de enero de 2020, y la jueza Lirio González Bernal encontró causa para arresto e impuso una fianza global de $27.5 millones. Sin embargo, debido a la emergencia salubrista provocada por el COVID-19, Aponte Ramos salió bajo libertad condicionada el 17 de junio de 2020 mediante el mecanismo de habeas corpus, pues pasaron seis meses sin ser enjuiciado.

La magistrada Arlene de la Matta Meléndez encontró causa para juicio el 25 de marzo de 2021, y aunque el proceso judicial debió comenzar el 18 de abril, no fue hasta hoy, martes, que inició el proceso ante la magistrada Seijo Ortiz.

Aponte Ramos fue imputado, en el 2014, de asesinato por la muerte de un hombre en el barrio Carraízo, pero los cargos fueron desestimados durante la vista preliminar. El acusado también enfrentará otro juicio por violaciones a la Ley de Armas en otro incidente no relacionado con el cuádruple asesinato.

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