El Departamento de Educación solicitó acceso a $25 millones bajo custodia del tribunal, producto de las multas diarias que paga por incumplir con la sentencia, de 2002, del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, para pagar a terapistas de Educación Especial.

En una moción presentada el 22 de mayo por el bufete Iguina Oharriz Attorneys and Counselors at Law, ante el Tribunal de San Juan, Educación manifestó que se encuentra en una difícil situación económica luego que, en marzo, el Departamento de Educación de Estados Unidos congelara los fondos federales que recibe la agencia, lo que incluye dinero necesario para Educación Especial.

Educación detalló que, hasta el 9 de mayo, había recibido 45,543 solicitudes de remedio provisional para el año escolar 2024-2025, tenía 1,771 proveedores activos y 54,244 contratos firmados, y proyecta que los números aumenten para el próximo año escolar.

“Para poder continuar cumpliendo con estas responsabilidades (terapias) de manera efectiva y oportuna, es indispensable contar con el presupuesto necesario. La ausencia de liquidez compromete directamente la operación del mecanismo de remedio provisional. Cabe destacar que el DEPR (Departamento de Educación) ha agotado todos los esfuerzos a su alcance para solicitar y gestionar los fondos requeridos. No obstante, se encuentra en una posición crítica que requiere la intervención urgente de este honorable tribunal”, argumentó Educación.

Proveedores de terapias de niños de Educación Especial que trabajan mediante el mecanismo extraordinario conocido como remedio provisional han denunciado, durante semanas, los retrasos para que la agencia les pague por los servicios que han brindado los últimos meses. Educación aseguró que, el lunes pasado, emitió 1,600 pagos –por $12.7 millones– a proveedores de terapias a estudiantes.

Una petición a Educación en busca de más información sobre el pedido de fondos no fue respondida.

La cuenta en la cual se deposita la multa de $11,000 diarios que debe pagar Educación por su continuo incumplimiento tiene un balance de unos $36.6 millones, detalla la moción.

“La referida cuenta de sanciones del caso estrictamente se utiliza para el pago del Comité Timón, fondos que se asignan a Servicios Legales de Puerto Rico, o aquellas otras entidades y programas que hayan sido aprobados por este honorable tribunal. Sin embargo, la sumatoria de todas esas partidas es una sumamente nominal en relación al extraordinario y enorme balance que surge de la cuenta”, expresó Educación, al señalar que requiere una inyección de dinero de $56 millones previo al 30 de junio de este año, y trabaja en opciones junto con la Junta de Supervisión Fiscal.

“La cuantía de referencia es una que no impacta de ninguna manera los fondos que se proveen a las entidades antes mencionadas, ya que, según se señaló previamente, el monto total anual que se desembolsa a favor de todas ellas es bien nominal. Obsérvese, además, que, aunque se autorice el desembolso, todavía quedarían en la cuenta del BPPR (Banco Popular de Puerto Rico) una suma cercana a los $10 millones, que es amplia y suficiente para que, durante los años venideros, se continúen atendiendo los desembolsos que se requieran realizar en favor de estas entidades”, añadió.

La portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, Carmen Warren, cuestionó la petición de Educación.

“Eso ni salda la deuda que tienen con los terapistas. Cómo se atreven a pedir, de lo que pagan por los incumplimientos de ellos, para pagar otros incumplimientos adicionales”, expuso Warren.

Es la primera vez que Educación solicita “un rescate financiero” con el dinero que paga por su incumplimiento, señaló uno de los representantes legales de la clase, el abogado José Torres Valentín.

Educación comparó su petición con el pleito de clase Morales Feliciano, radicado en 1979 en la esfera federal, debido a violación de derechos civiles de confinados en Puerto Rico por el hacinamiento y las condiciones infrahumanas de las cárceles. Ese pleito, que llegó a su fin en 2016, también obligó al gobierno a pagar cuantiosas multas, y el tribunal permitió que se le devolvieran fondos al gobierno “para el beneficio de las necesidades y servicios a proveerse (a) los reclusos”.

También citan una resolución del Tribunal de San Juan que, en diciembre de 2022, estableció que el fondo de multas pasará a manos de la parte demandada, que es Educación, una vez muestre cumplimiento con la sentencia por estipulación y cese la supervisión del tribunal sobre el caso.

Educación sostuvo que ha demostrado “capacidad y compromiso en avanzar en el cumplimiento de la sentencia”, que, en 2002, estableció 87 estipulaciones con las cuales debe cumplir la agencia para evidenciar que brinda servicios adecuados de Educación Especial a los estudiantes participantes del programa.

La jueza Thainie Reyes Ramírez citó a las partes para una vista el viernes 13 de junio a las 10:00 a.m. en el Tribunal de San Juan, “con el propósito de considerar la solicitud del Departamento de Educación para autorizar el desembolso de fondos destinados a atender todo lo relacionado con el remedio provisional, incluyendo la falta de pagos a los proveedores de servicios y la situación presupuestaria del Programa de Educación Especial”.

En una moción separada, los representantes legales de la clase solicitaron a la jueza Reyes Ramírez que ordene la comparecencia del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, a la vista.

“La pretensión del Departamento de Educación de retirar, de golpe y porrazo, el 68.4% del monto total consignado en la antes mencionada cuenta amerita que se requiera la comparecencia del licenciado Eliezer Ramos Parés”, lee la moción de los demandantes, presentada el 5 de junio.

“Ramos Parés ha hecho expresiones y admisiones relacionadas a fondos asignados por el gobierno de los Estados Unidos y la Junta de Supervisión Fiscal que son pertinentes y necesarias para la evaluación justa y ponderada de la petición del Departamento de Educación, quien está solicitando un rescate económico a las personas que les ha fallado y violado sus derechos durante décadas”, añadió.