El gobierno de Puerto Rico informó hoy al juez federal Gustavo Gelpí sobre la posibilidad de “colaboración” de parte de la Guardia Nacional y personal de otras agencias hacia el Negociado de la Policía.

Durante una audiencia virtual de estatus en cámara, se discutió la posible colaboración mediante un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) o alguna ley, de acuerdo con las minutas de la reunión.

Aunque no se detalló en la minuta qué tipo de colaboración se ofrecería, el juez Gelpí enfatizó que el cumplimiento con las disposiciones de la Reforma de la Policía aplica a todas las dependencias gubernamentales de Puerto Rico, pues surge de una demanda del Departamento de Justicia federal contra el gobierno de Puerto Rico.

“Se sostuvo una discusión sobre el papel o colaboración de la Guardia Nacional (así como de otras agencias del gobierno) en asistir al Negociado de la Policía por medio de un MOU o ley”, indica la minuta de la reunión.

“Existe consenso - consistente con varias órdenes del tribunal sobre el asunto - que la Reforma de la Policía también le aplica a cualquier agencia del gobierno que conduzca actividades policiacas tradicionales en un rol de apoyo a la labor de la Uniformada”, agrega la minuta.

De igual forma, destaca que Justicia federal señaló en la reunión que “la Constitución de Estados Unidos continúa aplicando durante las emergencias”, por lo que se le recalcó a los abogados de la Policía y del Departamento de Seguridad Pública (DSP) que tienen que “recordar” esa estipulación.

En múltiples ocasiones previas, Gelpí ha emitido varias órdenes en las que plantea que si efectivos de la Guardia Nacional son asignados a patrullar con la Uniformada o realizar funciones policiacas, deberán primero completar el proceso de adiestramiento que requiere la Reforma.

En la última ocasión, en momentos en que buscaban apoyo de la Guardia Nacional para hacer cumplir el toque de queda por la emergencia del COVID-19, el gobierno mantuvo la asistencia a nivel de caravanas con altoparlantes emitiendo avisos sobre las disposiciones de la orden ejecutiva.

Lo mismo lo ha planteado para oficiales de otras agencias que realizan labores de ley y orden, como al indicar que en relación a la Orden Ejecutiva, los inspectores del Departamento de Salud podrán emitir multas, pero no realizar arrestos.

Mientras, Gelpí recalcó que no se llevarán a cabo ascensos en la Policía, desde los rangos de inspector a coronel, hasta que Justicia federal culmine con la evaluación del reglamento, junto con el Monitor Federal y el Comisionado Especial, ambos representantes del tribunal federal en el proceso de la Reforma.

Dicha evaluación se llevará a cabo después de que el mismo Negociado de la Policía, el DSP y el representante legal de la gobernadora Wanda Vázquez Garced “acuerden una sola política”.

“Una vez aprobado, el proceso de ascensos en sí también estará sujeto al monitoreo para asegurar que haya cumplimiento con el mismo”, dispuso Gelpí, según la minuta.

“Este es un proceso que, a pesar de la importancia de la necesidad de hacer ascensos, tomará tiempo y no puede apresurarse”, agregó.

Por otro lado, Gelpí anunció el nombramiento como monitora federal adjunta de la Policía a Denise Rodríguez, quien trabajará con el monitor John Romero.

Además de completar un bachillerato en Justicia Criminal de la Universidad de St. Mary’s y una maestría en Patología Forense de Marymount University, Rodríguez tiene experiencia en "reforma colaborativa, responsabilidad policiaca y trabajo policiaco a nivel de comunidad.

Según se desprende de la orden del tribunal sobre el nombramiento, Rodríguez laboró como monitora adjunta para el Departamento de la Policía de la ciudad de Fort Worth, Texas.

Además, ha trabajado por los pasados siete años como una investigadora científica y directora de proyectos para el Centro de Justicia e Innovación, una entidad sin fines de lucro que apoya programas relacionados con operaciones policiacas y relaciones de política comunitaria.