San Juan, Julio 25, 2018 - MA - FOTOS para ilustrar una historia sobre una vista de la magistrada Judith Dein en torno al presupuesto que debe implementarse, si el certificado por la Junta de Supervisi—n Fiscal o el aprobado y firmado por el gobernador Ricardo Rossell—. EN LA FOTO una vista de la fachada del Tribunal Federal.
FOTO POR:  tonito.zayas@gfrmedia.com
Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media
El Departamento de Justicia de Puerto Rico solicitó la desestimación del pleito, entre otras razones, al plantear que los demandantes no demostraron que hayan sufrido o que vayan a sufrir algún daño irreparable. (Ramón “Tonito” Zayas)

El juez federal Pedro Delgado decidirá a finales de este mes si paraliza o no la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi que estableció la vacunación compulsoria contra el COVID-19 o pruebas negativas semanales para que los empleados públicos puedan trabajar de forma presencial.

Delgado indicó hoy que llevará a cabo una vista de interdicto preliminar para el 21 de septiembre.

“El tribunal se está reservando la resolución de la moción para el interdicto preliminar y la moción para desestimar, y espera emitir una decisión no más tarde de 48 horas después de la vista de interdicto preliminar”, indicó el juez, durante una vista hoy, viernes.

También dijo que llevará a cabo una conferencia el día antes, 20 de septiembre, y fijo el día 17 de este mes como la fecha límite para someter cualquier moción a considerarse en la audiencia de interdicto preliminar.

En una de las mociones el juez pidió a los demandantes que “especifiquen qué es lo que están atacando” de la orden ejecutiva de Pierluisi.

De esta manera, Delgado exigió una mayor precisión de parte los demandantes, identificados en el expediente del caso como Zulay Rodríguez Vélez, Yohama González, Leila G. Ginorio Carrasquillo y Julissa Piñero.

Las cuatro empleadas alegan que la orden de Pierluisi viola sus derechos constitucionales y la catalogan de “arbitraria y conspicua”. Señala que, aunque reconoce que la orden es “bien intencionada”, amplía la severidad de la pandemia en la Isla y plantea que el COVID-19 “nunca puso en peligro el funcionamiento normal de nuestro sistema de atención médica”.

Por su parte, el Departamento de Justicia, en representación de Pierluisi, solicitó la desestimación de la demanda, señalando que esos empleados no han demostrado que hayan sufrido o vayan a sufrir algún daño irreparable.

La agencia resaltó que en la orden ejecutiva se plantean las alternativas de mostrar una prueba negativa semanalmente en caso de que la persona no se vacune.

Justicia también recordó que el estado tiene la potestad de establecer las medidas necesarias para buscar la seguridad de la población.

Aunque reconoce que ese poder no es ilimitado, “reiteramos que el mandato de vacunación en este momento es un medio menos que oneroso para lograr los objetivos del gobierno, en comparación contras alternativas posibles”.

En ese sentido, indicó que lo contrario sería volver a cerrar las escuelas para que la educación sea virtual y otras medidas de aislamiento social, con toques de queda y clausura de comercios.

“Como resultado, cuando consideramos las escalas de los daños alegados, los intereses involucrados de todas las partes y del bien colectivo en nuestra sociedad, es apropiado negar los remedios que solicitan los demandantes”, afirmó Justicia en la moción de desestimación.

Luego, el juez Delgado solicitó al estado que proveyera los datos científicos en los que se basan algunos de los puntos de la orden ejecutiva que dispuso la vacunación compulsoria a los empleados públicos.

Cumpliendo con la orden, el gobierno de Puerto Rico presentó un informe que recopila los datos del Departamento de Salud de la Isla y de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El Estado señaló que, según los CDC, después de sobre 300 dosis de vacunas administradas, la data científica demuestra que “los beneficios superan los riesgos que la probabilidad de desarrollar algún evento serio “es muy bajo”.

“Alta cobertura de vacunación reducirá la propagación del virus y ayudará a prevenir que surjan nuevas variantes”, indicó la CDC, según citado en el informe.

Mientras, el informe indica que las hospitalizaciones se dispararon de 55 personas el 8 de julio, a 556 el 25 de agosto, mientras que los pacientes de COVID-19 en las unidades de cuidado intensivo aumentaron de ocho el mismo 8 de julio hasta 131 para el 30 de agosto.

De igual forma, la agencia destacó el aumento en la tasa de muertes por COVID-19. Agregó que para el 24 de julio hubo 3 fallecimientos, con una media móvil a siete días de 1.1 muertes. Para el 26 de agosto, saltó a 19 fallecimientos, con una media móvil a siete días de 12 defunciones.

Durante la vista de hoy, viernes, el abogado de los demandantes, Arturo V. Bauermeister Fernández, planteó que era necesaria la entrega de más datos científicos y estadísticos.

“Desafortunadamente, lo que entregó no ayuda a la luz de algunas estadísticas, como, por ejemplo, la cantidad de empleados que se han vacunado hasta el momento, que entendemos que es sobre el 95% y una serie de otras estadísticas que solamente tiene el gobierno”, dijo Bauermeister.

El juez le instruyó a solicitarlo mediante moción para el 17 de septiembre.

💬Ver comentarios