La Fiscalía federal anunció, este jueves, el arresto de dos personas acusadas mediante pliegos de un gran jurado por la construcción ilegal y depósito de materiales prohibidos en aguas de la Reserva Nacional Estuarina de la Bahía de Jobos, en Salinas.

Los detenidos por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ayer, miércoles, fueron identificados como Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Bones Torres, quienes presuntamente violaron la Ley de Agua Limpia y la Ley de Ríos y Puertos de los Estados Unidos, explicó el jefe de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

El pliego contra Rodríguez Sánchez sostiene que es el dueño de una cantera y de camiones que opera en la zona, mientras que el pliego contra Bones Torres lo describe como un chofer de camiones y dueño de maquinaria de construcción utilizado en el desarrollo de terrenos en los predios de la reserva federal.

Los documentos resaltan, además, que Rodríguez Sánchez y Bones Torres “ejercían dominio y control” de dos propiedades adyacentes a la Bahía de Jobos, específicamente en la calle Principal y camino De Galileo del sector Las Mareas, aunque no se detalló si figuran como dueños de los inmuebles.

Sobre dicho particular (la titularidad de las propiedades) Muldrow aclaró que los fiscales sometieron los cargos porque “no es necesario que nosotros probemos que ellos son los dueños legales de esa propiedad”.

“El hecho de si son dueños o no de la propiedad no es relevante para las acusaciones… lo que es relevante, que se puede ver en las fotos, es que ellos estaban controlando esa propiedad y estaban cambiándola en una manera ilegal”, afirmó Muldrow durante una conferencia de prensa con los medios del país.

El pliego acusatorio de ambos hombres detalló que entre los contaminantes que, supuestamente, depositaron en la reserva natural (producto de las presuntas labores de construcción ilegales), se encontraba tierra y desperdicios de equipo de construcción. La basura, de acuerdo con los documentos, fue depositada en aguas del territorio de Estados Unidos que rodeaban las propiedades en las que se encontraban, afectando así la calidad del agua y los ecosistemas de diversas especies endémicas.

El segundo cargo establece que, entre enero y agosto de 2022, los acusados presuntamente, “construyeron estructuras en aguas navegables de los Estados Unidos... sin (la) autorización del Secretario de las Fuerzas Armadas”.

De la fiscalía prevalecer en el juicio federal, ambos acusados podrían enfrentar una pena de hasta cuatro años de cárcel. Muldrow señaló que la fiscalía también exigirá que, como parte de la sentencia, los involucrados reparen los daños que causaron a la reserva natural.

Aunque los dos pliegos fueron radicados, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico aclaró que la investigación continúa y no descartó que se sometan, en una fecha a futuro, otras querellas o que se le añadan más cargos a los acusados.

Al ser cuestionado sobre si cuentan con las pruebas necesarias para demostrar que Rodríguez Sánchez y Bones Torres eran contratistas, Muldrow prefirió no comentar si la fiscalía radicará cargos contra sus presuntos empleadores.

Por su parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, aseguró sentirse “complacida con que se haga justicia”.

“De hecho, el 6 de abril de 2023 hice un llamado a las autoridades federales para que intervinieran lo más rápido posible”, expresó Bonilla Colón, pese a que las autoridades federales aseguraron en la conferencia que la investigación de este caso lleva en curso más de un año.

Anteriormente, El Nuevo Día reportó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) envió múltiples notificaciones a distintas personas por violaciones relacionadas con “la descarga de material dragado o de relleno en aguas de los Estados Unidos y la construcción de estructuras y trabajos en aguas navegables de los Estados Unidos sin un permiso”, aunque no se especificó a quiénes se les entregaron dichas notificaciones.

En junio de 2022, oficiales federales visitaron la zona de la Bahía de Jobos para llevar a cabo entrevistas con varias personas por la construcción de infraestructura en terrenos que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha establecido que forman parte de una reserva natural.