“Sí, es confuso”.

Esa fue una de las expresiones manifestadas este miércoles por el presidente del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston, David Barron, durante la vista de argumentos orales en el caso por corrupción del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

Los representantes de Pérez Otero y de la Fiscalía federal presentaron sus planteamientos ante el panel constituido por Barron, O. Rogeriee Thompson y el puertorriqueño Gustavo Gelpí en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

Pero fue Barron quien presentó la mayor parte de las preguntas, confesando que buscaba tener claro cuáles son los elementos en controversia, después de que Pérez Otero levantara un recurso para tratar de revertir su veredicto de culpabilidad o, por lo menos, reducir su sentencia de cinco años.

Barron se mostró interesado en conocer si para resolver la apelación tendrían que definir qué es una contribución a una campaña política, si los pagos para saldar una deuda de campaña se consideran contribuciones y si un jurado puede inferir de forma circunstancial si un pago es para una campaña política.

El licenciado José Rodríguez Olmos, abogado de Pérez Otero, argumentó que el pliego acusatorio fue deficiente porque no aludió a que los pagos que el exalcalde recibió del convicto empresario Oscar Santamaría no fueron sobornos, sino contribuciones para su campaña política, como lo habían presentado ante el gran jurado que emitió los cargos.

Asimismo, Rodríguez Olmos planteó que era necesario especificarlo por precedentes judiciales como un caso conocido como “McCormick”, porque establece que ese tipo de soborno a cambio de contratos municipales hubiera requerido que fuera expresado en la evidencia de forma “explícita”, a diferencia de los sobornos en otro tipo de caso.

También reconoció que las contribuciones fueron ilegales bajo la ley estatal electoral de Puerto Rico, pero que el caso federal no se trata de eso.

Por su parte, el fiscal David Lieberman sostuvo que el pliego está correcto porque contiene el lenguaje a “a cambio dé”, alegando que eso es suficiente.

De todas formas, insistió en que de los pagos no fueron contribuciones políticas señalando que Santamaría declaró haber continuado haciendo pagos después de que supuestamente se saldó la deuda de la campaña de Pérez Otero por $70,000.

“El Ministerio Público dice que caracterizar los pagos como contribuciones no es correcto, pero hubo instancias en las que sí hubo contribuciones de campaña política”, y “no están diciendo que por esas cosas se hizo intercambio”, comentó Barron.

“Es confuso”, dijo Rodríguez Olmo.

“Sí, es confuso”, replicó Barron.

Luego, en el turno de Lieberman, Barron dijo que estaba “perplejo” porque la Fiscalía federal no objetó durante el juicio que se le presentara una instrucción al jurado sobre los requisitos bajo el precedente de McCormick que solicitó la defensa.

Barron señaló que eso “implicaba que se trataba de un caso” para ser procesado bajo McCormick, “que no es problema si piensa que no tiene nada que ver con la variante” negando que eran contribuciones de campaña política, “pero confunde si busca dejar abierta esta idea de que quizás sí lo eran”.

Por su parte, Lieberman dijo desconocer por qué no se objetó, pero a preguntas de Gelpí recalcó en que el pliego acusatorio no tiene que hacer referencia que es un caso bajo McCormick, sino que solamente es necesario hacer referencia a al lenguaje del estatuto que se alega fue violado.

“Argumentamos que el lenguaje en el pliego sobre que pagos en efectivo ‘a cambio de adjudicación de contratos” es suficiente porque “las cortes han sostenido que el lenguaje de ‘a cambio de’ pone a un acusado de soborno y extorsión en aviso”, mantuvo Lieberman.

Mientras, la jueza Thompson planteó que “llamarle contribución política” a un pago “no lo convierte en una”, recordando que nunca fue registrada como tal ante los organismos electorales de Puerto Rico.

Thompson también observó que hubo evidencia que alegaba que Pérez Otero tenía algún control sobre la toma de decisiones de la junta que adjudicaba las subastas, mientras que Gelpí destacó los pagos con sobres llenos de dinero en efectivo de parte de alguien que recibió esos contratos.

“Sí estaban rompiendo la ley electoral local, pero no es evidencia de quid pro quo”, insistió Rodríguez Olmo.