El juez federal Gustavo Gelpí advirtió hoy al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que aplicará sanciones si continúa incumpliendo con las órdenes emitidas en el caso de las Instituciones Juveniles.

En particular, Gelpí se refirió al incumplimiento de una orden emitida en septiembre pasado, para que el gobierno de Puerto Rico identificara el personal y los contratistas que son “críticos para la implementación exitosa de, y cumplimiento con el Acuerdo” con el gobierno federal.

Con ese acuerdo, el gobierno transó una demanda federal por violaciones a los derechos civiles en esas instituciones y se sometió a las directrices del tribunal para cumplir con los derechos civiles de los ingresados.

En su orden, Gelpí señaló que la fecha límite era el 30 de octubre, pero el gobierno no cumplió, en lo que fue señalado por la monitora federal del caso en una vista pasada como ejemplo del continuo incumplimiento en este caso.

Precisamente ese repetido incumplimiento fue señalado como muestra para dudar de que se podrá atender la crisis de salud mental que ha surgido recientemente en las instituciones juveniles, con 34 incidentes entre julio y septiembre, seguidos por otros 14 en octubre. La orden de septiembre buscaba que la agencia identificara ese personal y contratistas, de cara al proceso de transición al que se encamina el gobierno por el cambio en la gobernación en enero.

“Este tribunal, dada la situación de emergencia en este caso, no puede tolerar de esta administración o de la próxima, las fallas con fechas límites, respuestas incompletas y la complaciencia con los mismos problemas por meses y años”, señaló Gelpí.

Agregó que este caso debe tener un final y el tribunal hará todo lo que esté en su poder para atender esta postura drástica y de no cumplimiento del gobierno en cuanto a cumplir con todos los mandatos judiciales impuestos".

Ante esa situación, “el tribunal advierte al gobierno estatal que fallar en cumplir completamente con su orden del 28 de septiembre resultará en desacato y penalidades, incluyendo una multa diaria por cada día que esa respuesta esté tarde o incompleta en cada uno de los requerimientos en la orden”, ordenó Gelpí.

En cuanto a la crisis de salud mental en las instituciones juveniles, Gelpí ordenó que se devuelvan nueve cadetes del DCR a la institución juvenil en Ponce, donde deben permanecer hasta que esa instalación cuente con todo el personal que necesita, basado en el presupuesto establecido.

Mientras, para el 20 de noviembre el DCR deberá entregar un informe con las identificaciones de los cadetes asignados, con información del turno de cada uno.

Para esa misma fecha deberá entregar información en el desarrollo de la aplicación electrónica de informe de incidentes, mientras que el reporte manual debe continuar hasta que el sistema automatizado esté en completo funcionamiento.

“La directora del Negociado de Instituciones Juveniles, Gineima Ojeda Richardson, será directamente responsable de cumplir con la notificación ordenada por el tribunal sobre ambos informes y de la notificación de comportamiento de comportamientos suicidas y deberá asegurar la transición a tiempo para el equipo de trabajo del Monitor”, ordenó Gelpí.

Asimismo, para hoy debía entregar la edición final de la política y adiestramiento en relación a la práctica aislamiento de ingresados en las instituciones juveniles.