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Jueza federal deniega absolución, pero Ángel Pérez pide paralizar el proceso de sentencia

El Tribunal Federal tiene pautada para el 12 de febrero una vista para dictar la condena para el exalcalde de Guaynabo

8 de febrero de 2024 - 2:41 PM

Ángel Pérez fue declarado culpable por un jurado el 22 de marzo de 2023 por supuestamente recibir sobornos de parte del empresario Oscar Santamaría. (david.villafane@gfrmedia.com)

Una jueza federal denegó, el miércoles, la solicitud de absolución al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, quien solicitó paralizar su sentencia por un caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La determinación surge a días de que Pérez Otero sea sentenciado en una vista pautada para el próximo lunes, 12 de febrero, en la sala de la jueza Aida Delgado Colón, en el Tribunal Federal de Hato Rey.

En una orden y opinión emitida el miércoles, Delgado Colón denegó la petición de absolución que había presentado la defensa por entender que “la evidencia presentada ante el jurado fue suficiente para condenar a Pérez Otero por conspiración y participación en sobornos” relacionados a “programas federales, y en extorsión bajo apariencia de autoridad oficial”.

Esa evidencia “demostró que, como alcalde de Guaynabo, Pérez Otero acordó usar y utilizó su autoridad e influencia para beneficiar a Oscar Santamaría a cambio de pagos en efectivo”, afirmó la jueza.

Pérez Otero fue declarado culpable por un jurado el 22 de marzo de 2023 por, supuestamente, recibir sobornos de $5,000, cada cuatro a seis semanas, por parte de Santamaría Torres, dueño de negocios de construcción, seguros de salud y recogido de basura, quien se declaró culpable en un acuerdo con las autoridades federales.

En su orden y opinión, la jueza hizo mención de la película “El Padrino”, en referencia a la famosa película de 1972 que trata sobre la historia de un jefe de la mafia y su familia en Nueva York para el año 1945.

La mención de la jueza surge al recordar que la evidencia estableció durante el juicio por lo menos dos instancias en las que Pérez Otero “acordó tomar acción para resolver problemas que Santamaría le había presentado”. En una de esas instancias, Santamaría le pasó la preocupación de que el Municipio de Guaynabo tenía la intención de eliminar “el componente” de asfalto en el contrato, lo que hubiera representado “un impacto en las ganancias de la compañía”.

“Ese día Pérez Otero asistió a un funeral en un cementerio”, indicó la jueza federal. “En una escena que puede describirse mejor como sacada de (la película) ‘El Padrino’ de Francis Ford Coppola, Santamaría fue al cementerio para reunirse con Pérez Otero, quien le dijo que iba a ‘atenderlo antes del funeral’. Santamaría pidió disculpas por presentarse, consciente de que Pérez Otero ‘estaba trabajando y no era un lugar adecuado para hablar de contratos’, pero aún así se mostró ‘muy preocupado’”.

El entonces alcalde le confirmó que pretendían hacer el recorte, pero la jueza resaltó que “después de que Santamaría le expusiera su caso, Pérez Otero le dijo que ‘él manejaría el asunto’ y se encargaría de ello”.

Delgado Colón, entonces, apuntó que el presidente de Island Builders, Carlos de Jesús, luego fue informado por el Departamento de Obras Públicas de Guaynabo que el asunto del asfalto “se iba a dejar adentro... que no iba a ser eliminado como originalmente le habían indicado. Santamaría después confirmó en el juicio que el componente del asfalto nunca fue sacado del contrato de Island Builders”.

“La corrupción pública ha sido durante mucho tiempo un flagelo perenne no sólo para el pueblo de Puerto Rico, sino para la sociedad en general. El caso de Pérez Otero es sólo uno de una serie reciente de casos que involucran esquemas de soborno similares en los ayuntamientos de la Isla”, expresó la jueza en su orden y opinión. “Este tipo de corrupción a menudo refleja, como ocurre aquí, un espíritu de enriquecimiento personal a expensas de la confianza pública, que aparentemente se ha arraigado en la clase política de la Isla”.

Mira cómo Ángel Pérez salió del Tribunal Federal tras ser declarado culpable
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Mira cómo Ángel Pérez salió del Tribunal Federal tras ser declarado culpable

Hablan los abogados del exalcalde de Guaynabo luego de que este fue encontrado culpable de los delitos de conspiración, soborno y extorsión.

Asimismo, agregó que “una vez que el Ministerio Público descubre la hierba asfixiante de la corrupción pública, el individuo acusado tiene derecho constitucional al debido proceso y a un juicio justo, y es tarea del Tribunal garantizar que el veredicto del jurado esté razonablemente respaldado por las pruebas”.

“Con base en las pruebas del juicio y una revisión del expediente, este Tribunal determina que existe un apoyo abrumador al veredicto del jurado. Una vez que se alcanza este punto, la confianza pública sólo puede restablecerse garantizando a todas las partes (es decir, los acusados y la sociedad) que la ley se aplica fiel, justa y equitativamente sin vacilaciones”, apuntó.

En agosto pasado, la fiscalía federal recomendó una condena de cinco a seis años de prisión para el exejecutivo municipal.

Pérez Otero solicita paralización de sentencia

Horas después de la orden de la jueza, en la noche del miércoles, la defensa de Pérez Otero solicitó que el proceso para dictar la sentencia sea paralizado.

La moción, firmada por los abogados Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmos, plantea que el caso debe ser detenido para esperar el resultado de una controversia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que, supuestamente, es relevante para el caso de Pérez Otero.

Los abogados indicaron que el caso ante el máximo foro judicial federal es del alcalde de la ciudad de Portage, Indiana, James Snyder, con relación al estatuto 666(a)(1)(B) del Código Penal de Estados Unidos por el cual fue procesado Pérez Otero en San Juan.

Dicho estatuto penaliza como un crimen federal que un oficial estatal o local “solicite corruptamente[,] exija[,]... o acepte[]... algo de valor de alguna persona, con la intención de ser influenciado o recompensado en relación con cualquier” negocio gubernamental “que involucre algo de valor de $5,000 o más”.

Además, los abogados comentaron que “la cuestión presentada ante el Supremo federal” se trata de si ese estatuto “penaliza las gratificaciones, es decir, los pagos en reconocimiento de acciones que el funcionario ya ha realizado o se ha comprometido a realizar, sin ningún acuerdo quid pro quo para realizar esas acciones”.

Explicaron, también, que, mientras Snyder fue alcalde, el municipio aprobó un contrato de recogido de basura para una compañía. Luego, Snyder trabajó para esa empresa como consultor.

Durante el juicio, el dueño de la compañía declaró que ese salario, pagando por adelantado el monto de todo un año, era para que el entonces exalcalde trabajara como consultor y aseguró que sí trabajó para ellos.

Tras ser encontrado culpable, en el 2019, por el estatuto mencionado, en la apelación Snyder argumentó que, debido a que los pagos ocurrieron después de que el contrato fue aprobado, no pueden considerarse como sobornos, sino más bien “gratificaciones”.

“En nuestro caso Pérez Otero es el único acusado en aceptar tres pagos de Santamaría con fondos del FBI que también tuvieron lugar después de que el contrato fue aprobado a (la compañía de Santamaría) Island Builders”, señalaron los abogados. “Así que, como argumentamos en nuestra moción para nuevo juicio, los pagos no constituyeron sobornos ni extorsión, sino más bien una gratificación”.

Añadieron, además, que “en el juicio, Santamaría dijo que no dejó de hacer los mismos pagos de $5,000.00 que hizo para saldar la deuda de campaña de (el entonces alcalde de Guaynabo), porque no sabía cómo reaccionaría Pérez Otero. Por lo tanto, según su propio testimonio, ni siquiera habló del asunto con Pérez Otero; más allá de la conversación original sobre ayudar con la campaña”.

Recalcaron también que, según el mismo testimonio del empresario convicto, Santamaría sí tuvo esas conversaciones “expresamente, directamente o a través de un tercero, cuando había un negocio ‘quid pro quo’, pues declaró dar dinero expresamente a cambio de contratos respecto de los alcaldes de Aguas Buenas, Trujillo Alto y Cataño”.

“Santamaría no alegó acusaciones específicas de ‘quid pro quo’, ni promesas de contratos a cambio de pagos, con respecto a Pérez Otero, ni la fiscalía presentó un estilo de vida lujoso, ni gastos injustificados o exagerados, con respecto a Pérez Otero como lo hicieron con los otros alcaldes”, manifestaron los abogados.

Por entender que la decisión del Supremo impactaría el caso de Pérez, la defensa solicitó esperar a la resolución, que se espera para el 24 de junio de este año.

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