Al momento del estudio, había 254 jóvenes recluidos en Instituciones Juveniles.
Como parte de la investigación, Justicia federal ha solicitado información sobre incidentes de salud mental en los últimos dos meses en las instituciones juveniles. (Ramón “Tonito” Zayas)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar la situación de los servicios de salud mental en la población bajo custodia del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La investigación surge del caso ante tres jueces federales, después de que informes de la monitora Kimberly Tandy, a cargo de velar por el cumplimiento de los derechos civiles en las instituciones del NIJ, alertara en noviembre pasado sobre decenas de incidentes de salud mental.

“(El gobierno de) los Estados Unidos está revisando y analizando los datos, pero se ha atrasado en acceder algunos documentos provistos debido a requerimientos de traducción”, indica una moción sometida ante el tribunal federal.

Entre los documentos solicitados por Justicia federal, el pasado 12 de febrero, figura un resumen de incidentes entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Esto incluye sucesos de autolesines e intentos e ideación de autolesiones y suicidio; hospitalizaciones; y jóvenes colocados bajo supervisión especial, sobretodo aquellos a los que se les requirió usar batas de papel.

También solicitó una lista de profesionales de la salud mental contratados y las horas trabajadas, el total de la población actual de las instituciones y un listado de los jóvenes que se han negado a recibir medicamentos en los últimos dos meses.

“Durante los días que siguieron, el gobierno de Puerto Rico ha recopilado los datos y la información y ha estado consistentemente compartiendo los datos e información acordada con los Estados Unidos y la Monitora”, destaca la moción.

No obstante, el gobierno federal espera por documentos adicionales que las partes y la monitora se percataron que son necesarios, por lo que están a la espera de que sean entregados.

Asimismo, la moción informó al tribunal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la monitora consultaron con un profesional de salud mental, quien se suponía que ayer viernes se reunieran con el coordinador de esa área en el DCR, para discutir iniciativas recientes sobre tratamiento y modificación de conducta.

Mientras, el gobierno de Puerto Rico informó que el DCR “está explorando alternativas para la actual política y procedimientos con el uso de batas de papel como un modo de tratamiento para los jóvenes en crisis de salud mental”.

El último informe de la Monitora resaltó que “los jóvenes que no fueron hospitalizados, pero que necesitaban estar en vigilancia constante fueron colocados en batas de papel. Uno de los jóvenes relacionó las batas de papel a ‘abuso’ debido a que hacía demasiado frío en la institución y algunos jóvenes se han ofrecido como voluntarios que negarán la ideación suicida para evitar la bata de papel”.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, adelantó que revisaría esa política.

Uno de los informes de la monitora indicó que entre julio y el 15 de diciembre se registraron 63 incidentes de comportamiento suicida o automutilación.

En el informe más reciente, a principios de este mes, la monitora detalló que en el último trimestre del 2020 hubo 36 incidentes, que resultaron de la suma de manifestaciones por parte de 16 jóvenes, lo que representa el 19.5% de la población de las NIJ, que tiene 82 ingresados en distintas modalidades.

Escobar Pabón, por su parte, no refutó la veracidad de los datos ofrecidos en el informe, pero entiende que la monitora federal muestra conclusiones que no reflejan la situación actual en las instituciones bajo NIJ.

“Luego de más de 500 horas de servicio directo a estos jóvenes, se determinó que la mayoría, sino casi en su totalidad, no presentaban episodios de psicosis que en algún momento se mencionó, sino que más bien se debía a un proceso de mala adaptación a su situación de detención”, dijo la funcionaria en aquel momento.

Justicia federal, el gobierno de Puerto Rico y la monitora tienen que presentar un informe conjunto este mes al panel de tres jueces del tribunal federal en relación al estado de los servicios de salud mental en la población del NIJ.

Los jueces federales Gustavo Gelpí, Francisco Besosa y David Baron tienen la encomienda de deliberar si se debe ordenar la liberación de jóvenes ante el alegado incumplimiento con el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, en un pleito por hacinamiento en las instituciones juveniles de Ponce y Villalba, que son las únicas remanentes de las 14 que habían en 1994.

En su primera vista, el panel judicial había ordenado que se entregara el informe para el 22 de febrero, pero todas las partes solicitaron en la moción que la fecha límite se retrase para el día 26 del mismo mes, para atender los retrasos en la revisión de los documentos.

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