El Departamento de Justicia federal defendió en el tribunal apelativo los veredictos de culpabilidad y las sentencias en el caso contra la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier y su esposo, Orlando Montes.

Ambos fueron encontrados culpables por cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (“kickbacks”), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero, alegando un esquema de corrupción mediante el cual los dos se apropiaron de $100,000.

La acusación alegó que Charbonier infló el salario de su empleada en el Capitolio, Frances Acevedo, para que le pasara parte de ese incremento -pagado con fondos públicos- a la misma legisladora.

Después de varios meses de prórrogas, el Ministerio Público radicó su informe para contestar los planteamientos presentados por ambos convictos ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

La fiscal Brendan B. Gants, de la División Criminal de Justicia federal en Washington D.C., comenzó por señalar que el jurado tuvo suficiente evidencia para encontrar que existía jurisdicción para el caso por las asignaciones del gobierno de Estados Unidos al fisco del gobierno de Puerto Rico.

Asimismo, señaló que, de esa manera, se sostienen los cargos de fraude y lavado de dinero.

Según el informe de Justicia federal “el jurado concluyó, de manera fundamentada, que los acusados ​​tenían la intención de ocultar la verdadera naturaleza y el origen de las ganancias de la transacción utilizando a su hijo como intermediario”.

Mientras, argumentó que el Tribunal del Distrito federal en Puerto Rico no erró al negarle a Montes su petición de un juicio por separado.

En cambio, sostuvo que Montes “falló en no cumplir con su carga pesada de demostrar una necesidad de separación”.

Similarmente, mantuvo que tampoco hubo error del tribunal al admitir datos y opiniones de un agente del FBI y un contable forense.

“En cualquier caso, el tribunal de distrito dio las instrucciones correctivas apropiadas cuando se le solicitaron”, por lo que entiende que “a la luz de las instrucciones del tribunal, cualquier error es inofensivo”.

También sostuvo que no hubo un error del tribunal al aceptar las declaraciones de Acevedo debido a que eran admisibles bajo las reglas del tribunal que atienden los casos con varios conspiradores.

Acevedo fue acusada junto a Charbonier y Montes, pero no llegó a juicio al declararse culpable y confesar los hechos.

Por otro lado, los convictos han solicitado un nuevo juicio debido a una pieza de evidencia que recibieron de parte del Tribunal Federal en San Juan. Se referían a que, entre las pruebas usadas durante el juicio, estaba incluido un audio en español que no había sido admitido como evidencia.

Sin embargo, Justicia federal apuntó que el reclamo “no tiene mérito”, al indicar que “no hay razón para creer que los miembros del jurado hayan tenido acceso a ese archivo (de audio) ni que hayan ignorado las instrucciones claras del tribunal de distrito de basarse en las transcripciones en inglés presentadas como prueba”.

“Incluso si el jurado recibió y tuvo acceso al archivo (de audio), los acusados ​​no pueden demostrar perjuicio alguno”, añadió.

Finalmente, el Ministerio Público también contestó la impugnación a su sentencia planteada por Montes.

Gants recalcó que la condena es “razonable tanto en el procedimiento como en el fondo”.

Argumentó que el tribunal “no cometió ningún error, ni manifiesto ni implícito, al denegar a Montes la reducción de pena por atenuante, basándose en las pruebas presentadas en el juicio y en las conclusiones fácticas indiscutibles del informe previo a la sentencia”.

“En la audiencia de sentencia, el tribunal sopesó los factores pertinentes e impuso una pena negandinferior a la establecida por las directrices, la cual se encontraba dentro del rango razonable”, afirmó.

En el 2024, Charbonier fue sentenciada a ocho años de cárcel, mientras que Montes recibió una condena de cuatro años y nueve meses tras las rejas.