Domingo Emanuelli Hernández, secretario de Justicia.
Domingo Emanuelli Hernández, secretario de Justicia. (Ramón “Tonito” Zayas)

El Departamento de Justicia no recomendó hoy, lunes, la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra varios funcionarios electos y un excandidato del Partido Nuevo Progresista por vínculos con la empresa JR Asphalt, para echar asfalto en vías públicas de San Juan.

La querella era contra el exsenador y actual alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo; el senador Juan Oscar Morales Rodríguez; los representantes Víctor Parés Otero y Jorge Navarro Suárez; y el excandidato a representante por el Precinto 2 de San Juan, Ricardo Rey Ocasio Ramos.

“La prueba recopilada no establece ni corrobora las alegaciones de que el asfalto utilizado en el bacheo de las vías de San Juan fuese pagado con fondos públicos, como tampoco, el que los querellados hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno de parte de alguno de los socios o empleados de JR Asphalt, Inc., citó en declaraciones escritas el secretario Domingo Emanuelli Hernández del informe realizado.

La investigación preliminar fue realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), en colaboración con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

La querella fue presentada el pasado 2 de mayo por el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, el exrepresentante Manuel Natal Albelo; la exsenadora popular Rossana López León y el exlegislador municipal independentista de San Juan Adrián González Costa.

El trío señalaba que había trascendido públicamente que Romero Lugo y otros funcionarios novoprogresistas habían tenido vínculos con la empresa JR Asphalt, Inc. Además, que Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas fueron socios en esa empresa y habían sido acusados en el foro federal por participar en un esquema de soborno a cambio de adjudicarle contratos municipales que beneficiaron a la compañía de asfalto y pavimentación.

Es por esto que alegaron que pudo haber existido un acuerdo entre el querellado Romero Lugo y los socios de JR Asphalt, Inc. en el cual los últimos realizarían obras de bacheo en las calles de San Juan a cambio de que se les otorgasen contratos municipales en un futuro.

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Asimismo, resaltaron que Romero Lugo ha confirmado que no pagó por el asfalto, ni por el personal o la maquinaria que se utilizó para asfaltar varias calles en San Juan durante los años 2019 y 2020, en pleno año electoral.

Este servicio de asfaltado no fue incluido por Romero Lugo en sus informes de ingresos y gastos del comité de campaña, y según expertos, puede rondar entre $200 y $300 por tonelada.

Luego de que Romero Lugo se convirtió en el primer ejecutivo de la capital, el municipio le adjudicó a J.R. Asphalt cuatro subastas a su favor, confirmó el secretario municipal de San Juan, Noel Mercado. Luego, desistieron de firmar contratos porque “la corporación incumplió con requisitos”.

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Sin embargo, tras evaluar las alegaciones, la evidencia documental y testifical y las leyes aplicables, la DIPAC concluyó que “no existe causa suficiente para creer que los querellados hayan incurrido en posible conducta delictiva” y emitió un informe en el que recomendaban que no se designara un FEI.

Tras la determinación, Romero Lugo dijo que acogía la recomendación de Justicia.

“La misma valida lo que expresé en un principio sobre mi cumplimiento con el rigor legal en todas mis acciones y conducta como servidor público y sobre la pulcritud y rigurosidad en los procesos de subasta que se llevan a cabo en el Municipio de San Juan”, sostuvo en declaraciones escritas.

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