En momentos en que la Uniformada corre contra el reloj para ascender al menos 250 sargentos para atender una “escasez” de supervisores, el juez federal Francisco Besosa advirtió que la Reforma de la Policía “terminará cuando yo diga que termine, no antes”.

“Algunos dicen que debe ser al final de este próximo año. Ojalá, pero, no. Seguirá hasta que yo diga. Necesitamos un acuerdo entre (los gobiernos de) Puerto Rico y Estados Unidos”, afirmó Besosa, casi al cabo de una audiencia sobre el estado de la Reforma.

Durante casi cinco horas en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan, diferentes líderes de la Policía y otras partes del caso rindieron cuentas ayer del proceso que comenzó con una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por violaciones a los derechos civiles hace casi diez años, en diciembre de 2012, y que unos meses después se transó con un acuerdo que dio paso a la Reforma.

Besosa enfatizó en la necesidad de completar el proceso para dar una mejor atención a la incidencia criminal, la cual ilustró al comparar los 19 asesinatos por cada 100,000 habitantes que hubo en Puerto Rico en el 2021, con otra jurisdicción bajo el Primer Circuito judicial de Estados Unidos, Massachusetts, que reportó 2.5 asesinatos en el mismo periodo, mientras que a nivel de Estados Unidos fue de cinco asesinatos.

“Ese es el propósito de la Reforma, para alcanzar lo que el Monitor, Justicia federal y las partes han determinado que es el ‘policing’ del siglo 21″, sostuvo Besosa.

El juez recalcó que uno de los asuntos más críticos para una operación policiaca efectiva actualmente es atender la necesidad de más “supervisores de primera línea” con oficiales en el rango de sargentos. Señaló que la Reforma exige una supervisión adecuada. Actualmente, la Uniformada cuenta con 1,017 sargentos, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

En una orden previa, Besosa planteó que debido a la “crítica escasez” de supervisores, el tribunal “está extremadamente preocupado por la falta de supervisión de primera línea dentro de la Policía creada por el enorme vacío de sargentos y la aparente inacción en este tema”.

Durante la audiencia, representantes de la Policía de Puerto Rico reconocieron la situación y plantearon que intentarán ascender 250 oficiales al rango de sargento para diciembre o enero.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) llegó a considerar ascensos temporeros, pero luego optó por los ascensos de forma regular porque no haría mucha diferencia en tiempo.

El capitán Carlos Figueroa, director de la Oficina de la Reforma en la Policía, explicó que, actualmente, la fecha límite para someter solicitudes de ascenso es el 1 de octubre, y que esperan administrar el examen el 1 de noviembre, a modo de tener los candidatos aprobados para diciembre.

Aunque Besosa mostró escepticismo de que la Uniformada pueda cumplir con dicha agenda, el abogado del gobierno de Puerto Rico, Gabriel Peñagarícano, planteó que la fecha final pudiera extenderse hasta enero.

Por su parte, el abogado de Justicia Federal, Luis Saucedo, se mostró a favor de ascensos permanentes, para evitar que haya que comenzar el proceso nuevamente con sargentos temporeros.

“La falta de supervisores es una barrera para lograr cumplimiento con el acuerdo (federal) de la Reforma”, comentó Saucedo.

Para el monitor federal de la Policía, John Romero, es mejor esperar seis meses por sargentos permanentes que cuatro meses por temporeros.

Sin embargo, Romero señaló que, por su experiencia en la Policía de Nueva York, ese proceso, en ocasiones, se extiende por un año.

“Pero si ellos dicen que pueden hacerlo en seis meses, pues no tengo problemas”, apuntó.

Peñagarícano indicó que para el 31 de agosto presentarán al tribunal y las partes una posición final el 31 de agosto, plazo preestablecido para la entregar de un informe requerido por la Reforma sobre el personal activo en la Policía de Puerto Rico.

Mientras, el letrado añadió que espera informarle al tribunal, en los próximos 60 días, qué pasará con el plan de reclutamiento de cadetes de 18 años de edad, pues necesitan reconciliar un reglamento de la Policía que conflige con una ley recientemente aprobada.

“Progreso estancado”

De otra parte, Romero recordó que en los pasados años ha habido un avance importante en algunas áreas de la Reforma, logrando un 50% de cumplimiento.

Sin embargo, destacó que en su informe bianual de junio pasado se encontró que se volvió a repetir el mismo cumplimiento de evaluaciones anteriores, apuntando a asuntos que estaban “deteniendo el progreso de la Reforma”.

Señaló, en particular, las áreas de sistemas de información, supervisión y uso de la fuerza. También comentó que el adiestramiento no solo se ha afectado por las restricciones del COVID-19, sino también por la carencia de plataformas virtuales.

Añadió que se repiten asuntos como “pobre documentación de causa probable y el uso de lenguaje ambiguo en los informes de arrestos, fallas en supervisión para emitir acciones correctivas, no cumplir con los plazos en las pesquisas de la Unidad de Investigación de Uso de Fuerza y las evaluaciones de la Junta de Revisión del Comisionado sobre el Uso de la Fuerza son algunos de los ejemplos levantados por el Monitor en el informe”.

“La evaluación del cumplimiento en este informe demuestra un progreso estancado”, acotó.

Durante la vista, Romero expresó tener “esperanza” de que “el enfoque renovado del tribunal en IT (sistemas de información), UOF (uso de fuerza) y la supervisión aborde gran parte de los problemas subyacentes que impiden el progreso continuo de la Policía”.

Por su parte, Peñagarícano indicó que el gobierno de Puerto Rico “no está retando ninguno de los hallazgos y continuaremos trabajando para mejorar el cumplimiento en cada una de las áreas de la Reforma”.

Las partes se mostraron optimistas con un sistema de información que mejorará la recopilación y validación de datos sobre incidentes de uso de fuerza. El programa está a cargo de un contratista estadounidense que presentó una muestra en sala.

El objetivo es que los datos que produzca puedan visibilizar áreas que necesiten ser atendidas por los comandantes de área a modo de emitir medidas correctivas.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico auditará los gastos

Durante la vista, las partes en el caso de la Reforma plantearon al juez que discuten la posibilidad de que la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) sea designada para auditar los gastos de la Uniformada relacionados a la Reforma.

La Policía fue cuestionada en cuanto a si 117 gastos identificados debieron hacerse con fondos de la Reforma. La agencia reconoció que ocho no eran para asuntos del proceso, pero el resto de los gastos quedaron pendientes.

El representante de Justicia federal indicó que la discrepancia pudo deberse a la falta de unas guías en ciertas áreas que se redactarán para dejar claro que son gastos que, aunque en el pasado fueron por la Reforma, luego de la primera vez se quedan como asuntos ordinarios de la operación.

Saucedo, entretanto, sostuvo que evaluó a la OIG y entiende que la agencia cumple con los requisitos y que cuenta con la autonomía suficiente para auditar los esos gastos incurridos entre el 2019 y el 2021.

Además, las partes plantearon la posibilidad de que las auditorías se implementen de manera permanente. Preliminarmente, la OIG les indicó que contaba con los recursos y el tiempo necesario para hacerse cargo de ese trabajo, lo que será confirmado al tribunal en las próximas semanas.

Asimismo, discutieron que todavía el gobierno de Puerto Rico necesita convencer al gobierno de Estados Unidos de reactivar el envío de millones de dólares detenidos del programa de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (Money Laundering and Asset Recovery Section, en inglés).

Se trata de fondos que el gobierno federal le asigna a la Policía de Puerto Rico por participar en investigaciones, como las de lavado de dinero, que resultan en la confiscación de activos de los acusados.

Juez urge a la Junta Fiscal a visitar la Academia de la Policía

Por otro lado, el juez federal le urgió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que visite las instalaciones de la Academia de la Policía en Gurabo para que observe la necesidad de asignar fondos para remodelaciones.

Besosa dijo que visitó la Academia el lunes, en momentos en que un grupo de 400 cadetes comenzaban su ingreso en la Policía. Aseguró que quedó complacido con el trabajo que hacían, pese a la necesidad de recursos y las condiciones de la planta física.

“Necesita renovaciones mayores”, dijo Besosa, en referencia a los edificios de la Academia.

A preguntas del juez, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, indicó que la JSF asignó $4.6 millones para mejoras. También adelantó que están en vías de asignar parte de una partida de $20 millones reembolsados a la agencia después de identificarse en el presupuesto del gobierno que eran fondos de la Reforma.

Mientras, la supervisora de presupuesto de la JSF, Elisa Guardiola, indicó que aunque el ente tuvo conversaciones con el DSP, no recibieron una “petición formal” de visitar la academia.

Entonces, en torno enérgico, el juez Besosa le dijo a Guardiola que “alguien de la JSF debe ir para que vean cómo está la planta física y que necesitan hacer remodelaciones y modernizar para lo que se quiere hacer allí”.

“Apreciaría si alguien de la Junta fuera para que vean y les expliquen para su beneficio”, agregó, al enfatizar que no se deben limitar a ver una solicitud escrita en un papel, sino que “para entender, alguien de su oficina debe ir para que den el recorrido que yo tuve. Vean los salones y los dormitorios. Estoy seguro de que verán áreas que necesitan ser modificadas”.