Lisha Ramón Mejías, personalidad en las redes sociales y vendedora de jugos naturales, se declaró culpable este viernes por cargos de agresión agravada y una violación a la Ley de Armas tras llegar a un acuerdo con Fiscalía de San Juan, informó el Departamento de Justicia.

Contra Ramón Mejías pesaban cargos de agresión agravada en su modalidad de lesión mutilante y un cargo por uso de arma banca por hechos ocurridos el 8 de octubre del año pasado.

La jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, señaló la vista de lectura de sentencia para el 24 de julio.

Como parte del acuerdo, que contó con el consentimiento de la parte perjudicada, Mejías acepto los hechos y la Fiscalía de San Juan acordó modificar la denuncia de agresión agravad para eliminar la modalidad de lesión mutilante. Además, la Fiscalía modificó la violación al Artículo 6.06 (portación y/o uso de armas blancas) de la Ley de Armas a una violación al artículo 6.08 (posesión de un arma blanca sin licencia), por lo que Mejías podría enfrentar una pena máxima de hasta siete años en prisión.

Mejías podría cualificar para cumplir su condena en probatoria dependiendo de los hallazgos que incluya el técnico sociopenal en el informe presentencia que se le entregará a Cruz Ayala el 24 de julio.

La investigación del Negociado de la Policía sostiene que, el día de los hechos, Mejías atacó a la perjudicada con una botella de cristal durante un altercado en las intersecciones de las avenidas Sagrado Corazón y Eduardo Conde en Santurce. La perjudicada sufrió heridas profundas en ambos brazos que requirieron puntos de sutura, al igual que terapias que continúan al día de hoy.

La defensa de Mejías solicitó que el Tribunal dejara sin efecto la supervisión electrónica impuesta como parte de las condiciones de fianza. La Fiscalía se opuso a la solicitud y, tras analizar los argumentos, Cruz Ayala determinó que permanecerá bajo supervisión electrónica hasta la vista de lectura de sentencia.

Cruz Ayala, además, concedió una orden de protección a la perjudicada al amparo de la “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”.