Mireddys González Castellanos y el productor artístico Raphy Pina Nieves solicitaron al Tribunal Federal en San Juan que desestime una demanda radicada por Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como el cantante urbano Daddy Yankee.

Las peticiones fueron radicadas ayer, lunes, cuando otros codemandados también presentaron argumentos para que el reclamo legal sobre una alegada “empresa criminal” sea descartada.

En noviembre pasado, la demanda federal solicitó una indemnización de $3 millones bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Ley RICO, por sus siglas en inglés), señalando a Pina Nieves como el presunto arquitecto de un esquema que corrió desde el 2004 hasta febrero de 2025.

Daddy Yankee alegó que, con la ayuda de terceros, como González Castellanos, Pina Nieves se insertó en documentación oficial de autoría en múltiples canciones de Ayala Rodríguez con el propósito de desviar y recibir regalías, y para tener derechos de autor y/o de publicación.

Al pedir la desestimación ayer, González Castellanos - exesposa de Daddy Yankee - planteó que la demanda realmente “no es un caso” bajo la ley RICO, sino que se trata del “capítulo más reciente de la enconada y continua batalla sobre la división de la sociedad conyugal” entre ambos.

Sostuvo que la demanda “es un intento de replantear las asignaciones de propiedad controvertidas y las divisiones editoriales” como si fuera una “actividad de crimen organizado” con el fin de “generar influencia en la división de los bienes conyugales”.

Agregó que la demanda busca “caracterizar las asignaciones de publicaciones documentadas durante mucho tiempo” y “confirmadas en hojas de términos vinculantes, incorporadas en una venta por catálogo multimillonaria”, para tratar de hacerlo ver “como una empresa criminal que duró décadas”.

Asimismo, la moción de González Castellanos sostuvo que la demanda falla en cada requisito de un reclamo bajo la ley RICO. Indicó que no existe una transferencia inválida y que la demanda no identifica “una empresa estructuralmente distinta ni un patrón reconocible de actividad de crimen organizado”.

También apunta a que la demanda falla porque las alegaciones ya habrían prescrito bajo la ley RICO y la ley federal de Derechos de Autor. González Castellanos, además, alegó que la denuncia no reclama “daños claros y definidos a la empresa o a la propiedad”.

“La ley RICO fue promulgada para combatir el crimen organizado, no para utilizar el litigio federal como arma en ayuda de una disputa sobre propiedad matrimonial”, expuso la moción de Castellano González.

Por su parte, Pina Nieves argumentó que la demanda es “frívola” y que presenta reclamos caducados.

“Al final, cuando el carruaje se convierta en una calabaza, lo que quedará no será una empresa de crimen organizado, sino la resaca de un matrimonio fallido”, expresó la moción del productor artístico, quien figura como demandado junto sus empresas Los Magnifikos y Mafer Music Publishing.

Por su parte, Pina Nieves informó que su moción estaba acompañada por documentos firmados por Ayala Rodríguez para demostrar que “estaba al tanto - no más tarde de junio de 2021 - que Pina Nieves (o las entidades afiliadas a él) tenían porcentajes de publicación en varias producciones alegadas en la demanda” de haber sido objeto de “malversación fraudulenta”.

Entre esas producciones, mencionó a Buena Vida, Buena Vida (“remake”), Dura (“remix”), Bella y Sensual, Inolvidable (“remix”), La Rompe Corazones, Llevo Tras De Ti, Mayor Que Yo 3, Otra Cosa, Perdido por el Mundo, Todo Comienza en la Disco, Vuelve, and Zum Zum Zum.

Por el documento firmado en el 2021, Pina Nieves planteó que Daddy Yankee no puede alegar que se enteró en el 2025, como alega la demanda.

También argumentó que la denuncia no cumple con el requisito de “alegar específicamente” que Pina Nieves y González Castellanos “llegaron a algún tipo de acuerdo entre ambos” que “permitiera a la supuesta asociación-empresa de hecho funcionar, de manera coordinada, como una unidad continua”.

De igual forma, el productor apuntó que múltiples comunicaciones con empresas, como Sony, no fueron copiadas a Ayala Rodríguez porque el cantante había delegado en otros la parte administrativa para concentrarse en la fase artística, como plantea la misma demanda, por lo que no pueden ser consideradas como un acto de ocultarle las operaciones.

Argumentos similares fueron presentados por otros codemandados, como el productor Andrés Coll Fernández y las empresas World Music Latino Corp.

Otros codemandados son el abogado Edwin Prado Galarza y Prendi Publishing Trust.