Wandymar Burgos Vargas (arriba) tiene pendiente un juicio por otro cargo menos grave de obstrucción a la autoridad pública.
Wandymar Burgos Vargas (arriba) tiene pendiente un juicio por otro cargo menos grave de obstrucción a la autoridad pública. (Ramón "Tonito" Zayas)

La jueza Alexandra Rivera Sáez, del Tribunal de San Juan, determinó no causa en dos cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia Wandymar Burgos Vargas, relacionados a su intervención en torno a unas investigaciones de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que involucraban a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios de su administración.

Inmediatamente después de darse a conocer el fallo, los fiscales Leticia Pabón y Miguel Colón anunciaron que llevarían el caso en alzada.

Burgos Vargas tiene pendiente un juicio por otro cargo menos grave de obstrucción a la autoridad pública. Tanto la vista preliminar en alzada como el inicio del juicio por el cargo menos grave fueron pautados para el 12 de julio próximo.

La defensa de Burgos Vargas no presentó a la testigo que había anunciado, la fiscal Inés Carrau, pero sometió como prueba varios documentos de la oficina del PFEI, incluyendo comunicados de prensa en los que se daba cuenta a los medios de la investigación contra varios funcionarios.

Los abogados Jason González y Luis Enrique Tomassini argumentaron con éxito ante la jueza que nada en la prueba mostrada por los fiscales demostraba que su cliente hubiese filtrado o manipulado el informe del PFEI que involucraba a la exgobernadora.

Sostuvieron además que, contrario a lo alegado por el PFEI, Burgos Vargas sí tenía autoridad, como secretaria de Justicia, para detener la entrega de los informes de las investigaciones de Justicia al PFEI.

“Ella pide ver el informe, pero no hay prueba alguna de que lo haya modificado. Le imputan filtrar el informe y no hay prueba alguna. Hablan de un beneficio, pero eso tiene que ser por el puesto que ocupa y aquí no se pasó prueba de eso”, insistió González en su argumentación.

Los fiscales, por su parte, sostuvieron que Burgos Vargas había intervenido en una investigación en la que no tenía injerencia alguna, pues la misma ya se había completado bajo su predecesora, además que estaba bajo jurisdicción del FEI.

“¿Cuál era la prisa de la recién nombrada secretaria de notificar a Fortaleza que sus jefes estaban siendo investigados? Era un asunto en el que no tenía injerencia alguna y sobre el que no podía hacer nada. Se le notificó por cortesía, para que no se enterara luego por la prensa. Pero no tenía que informar nada, no tenía que interrumpir la entrega de informes, ni interrumpir la investigación del FEI”, afirmó la fiscal Pabón, quien resaltó en varias ocasiones el mensaje de texto de Burgos Vargas a la asesora legal de Fortaleza, Grisel Santiago, no notificando que “se pudo detener la entrega de los informes”.

Todo eso son violaciones de ley, de dar a conocer información confidencial, que únicamente por la posición que tenía puedo haber obtenido”, agregó Pabón, haciendo notar que “la secretaria anterior (Denisse Longo Quiñones) y otros funcionarios tenían conocimiento de esa investigación y ninguno fue a notificar a Fortaleza”.

“Aquí la prueba principal es que se le pidió, por la abogada de Fortaleza, información que era confidencial y ella la dio”, agregó el fiscal Colón. “El haber divulgado información confidencial, que se le diera a la prensa, a la abogada de la gobernadora, todo eso prueba intención”.

Luego de escuchar los argumentos de las partes la jueza favoreció a la defensa y determinó no causa en los dos cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental.

Ya fuera de sala, la fiscal Pabón declaró que “hemos solicitado la alzada. Obviamente no estamos conformes con la determinación, con el mayor respeto al tribunal”.

Los fiscales descartaron el argumento de la defensa de que, para la comisión de delito según la Ley de Ética Gubernamental, el beneficio debía ser para una persona privada o negocio.

“Que tú seas un funcionario no te quita ser una persona privada. Los funcionarios se supone que no cometan delitos. Cuando tú cometes delito, tú te quitas la envestidura de funcionario y lo cometes como una persona privada buscando un beneficio privado, para favorecer a alguien”, comentó Colón.

Los fiscales evitaron adelantar estrategias para la vista preliminar en alzada, pero aseguraron que “es meritorio ir en alzada”.

La defensa, por su parte, no quiso hacer comentarios luego de la vista.

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