La coleccionista de arte Michèle Taburno-Vasarely, a través de su representación legal, se opuso a la petición de la Fiscalía federal para remitir a Francia el pleito por la confiscación de 112 obras de la autoría de su fenecido suegro, el artista francés Víctor Vasarely.

En la moción de 16 páginas, radicada el lunes ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Taburno-Vasarely también solicitó a la jueza federal María Antongiorgi Jordan que ordene al gobierno de Estados Unidos la devolución de las obras.

El escrito, presentado por el licenciado Carlos Andreu Collazo, establece, entre otras cosas, que la Fiscalía federal intenta restar importancia a la decisión del 30 de abril del Tribunal de Casación de Francia, que anuló la acusación pendiente contra Taburno-Vasarely.

De acuerdo al abogado, la fiscalía “deliberadamente confunde cuestiones legales distintas con el fin de justificar la prolongación de este proceso, cuyo objetivo es despojar a la señora (Taburno) Vasarely de sus obras de arte por cualquier medio necesario”.

En esa línea, Andreu Collazo señaló a la fiscalía por intentar reformular la controversia como una que “corresponde a Francia”, basándose “únicamente en el hecho de que la señora Vasarely ha ejercido legalmente sus derechos dentro del sistema judicial francés”.

Empero, los fiscales Allison Ickovic, Jonathan L. Gottfried y Kaycee M. Sullivan esbozaron en una moción presentada el 21 de mayo que “el Tribunal debería remitirla totalidad de esta disputa a Francia para que se resuelva allí de forma definitiva”.

“Mientras tanto, la señora Taburno-Vasarely está utilizando mociones ante este Tribunal —incluida una pendiente desde mayo de 2023— para prolongar la fase investigativa penal en Francia", dice la moción radicada por los fiscales, cuya copia obtuvo El Nuevo Día.

Empero, Andreu Collazo, como representante legal de Taburno-Vasarely, afirmó que “el gobierno pasa completamente por alto el punto esencial”.

“Tal como se detalla plenamente en el escrito posterior a la vista de la señora Vasarely, no existe otro tribunal (ni en Francia ni en otro lugar) con la capacidad o autoridad para juzgar los derechos legales y constitucionales de la señora Vasarely conforme a la ley de los Estados Unidos con relación a las acciones del propio Gobierno estadounidense al incautar su propiedad en territorio estadounidense con la intención de transferirla fuera de la jurisdicción”, dijo.

De acuerdo a la representación legal de la coleccionista de arte, la ley bajo el cual el Gobierno obtuvo su orden de registro es, “en el peor de los casos, un pretexto, y en el mejor, el estatuto incorrecto, lo que priva a la señora Vasarely de derechos fundamentales que, de otro modo, le corresponderían”.

De hecho, afirmó que existen otros estatutos “que aparentemente el Gobierno ignoró, para lograr el verdadero objetivo de las autoridades francesas: confiscar de forma definitiva las obras de arte”.

Argumentó que la insistencia de la fiscalía en continuar la incautación de los bienes de Taburno-Vasarely, a pesar de la anulación de la acusación por el Tribunal de Casación francés y la ausencia de una orden final que declare dichos bienes como confiscables, “demuestra claramente su disposición a actuar en nombre de las autoridades francesas dentro de los Estados Unidos, sin una valoración independiente de los principios de equidad en juego ni del daño que esto representa para los derechos de la señora Vasarely”.

En la moción, además, el licenciado planteó que la fiscalía minimizó “convenientemente” la relevancia de la decisión del más alto tribunal francés.

“La decisión del Tribunal de Casación de Francia de anular el interrogatoire de première comparution (IPC) que condujo a la acusación formal contra la señora Vasarely es sumamente significativa, ya que el IPC es un paso procesal clave mediante el cual un juez francés determina si existe evidencia seria o coherente para imputar a una persona y someterla a una investigación penal formal", estableció el licenciado.

Contrario a lo que afirma la fiscalía, el licenciado indicó que el IPC no es simplemente una lectura de cargos, sino que puede resultar en la decisión de no acusar formalmente, y por tanto, funciona como una salvaguarda contra acusaciones injustas.

“La anulación del IPC socava el proceso legal que dio lugar a las acciones de allanamiento e incautación en Puerto Rico, generando serias dudas sobre la legitimidad de la incautación continuada de la propiedad de la señora Vasarely”, subrayó.

La fiscalía también argumentó que sus acciones en Estados Unidos están fundamentadas en la orden de arresto francesa y no en el IPC.

“Sin embargo, si el poder judicial francés consideró necesario realizar un IPC en 2023 —muchos años después de emitida la orden de arresto— eso significa que la orden, por sí sola, no fue suficiente para sustentar cargos en Francia ni continuar con la cooperación internacional relacionada", precisó.

El licenciado mencionó, además, que a diferencia del IPC (que sí llevó a una acusación formal), la orden de arresto es una decisión unilateral que Taburno-Vasarely no puede impugnar ni cuestionar. “Por tanto, no puede razonablemente servir como base para la incautación continua de su propiedad”, indicó el abogado.

Asimismo, Andreu Collazo dijo que la afirmación de que Taburno-Vasarely se negó a presentarse ante los investigadores franceses es “incorrecta e irrelevante”.

“Nunca fue formalmente citada por los investigadores franceses y, de hecho, participó voluntariamente en un interrogatorio con las autoridades francesas tan temprano como en agosto de 2022. Su paradero era conocido y nunca intentó evadir a las autoridades”, mencionó el licenciado en la moción.

Añadió que esto debilita aún más el argumento de que la orden de arresto sigue siendo proporcionada y necesaria, “especialmente dado que es un acto unilateral sin vía alguna de impugnación, lo que plantea graves preocupaciones de debido proceso, tanto bajo la legislación francesa como internacional, lo cual a su vez resalta la importancia del proceso del IPC”.

De otro lado, la defensa de Taburno-Vasarely insistió en que el Gobierno federal “no debe conservar las obras de arte incautadas mientras las autoridades francesas intentan revertir la anulación de la acusación”.

Basándose en la opinión de una perito en derecho francés, que testificó sobre la duración prolongada de los procesos penales en Francia y explicó cómo ese factor desaconseja trasladar las obras a dicho país en esta etapa, especialmente considerando la edad avanzada Taburno-Vasarely, la ausencia de una determinación de culpabilidad, y la falta de una orden final que declare la confiscación de las obras.

“Ahora, tras la decisión del Tribunal de Casación, no existe ninguna acusación pendiente, ninguna determinación de culpabilidad, ni una orden final de confiscación contra la señora Vasarely”, dijo.

Incluso, mencionó, que si la orden de arresto pudiera eventualmente conllevar nuevos procedimientos en Francia, estos no se anticipan a corto plazo, ni son inminentes, ni tienen certeza de realizarse.

“Como mínimo, la decisión del Tribunal de Casación debe ser devuelta al Tribunal de Apelaciones, que llevará a cabo una nueva revisión sobre la nulidad de ciertos aspectos de la fase investigativa —solo una de las varias etapas del proceso descrito" por la perito, dijo.

“Por tanto, no existe juicio inminente ni cierto, y no hay justificación para continuar la incautación de los bienes de la señora Vasarely, mucho menos para su transferencia a Francia”, destacó el abogado.

Así las cosas, solicitó al tribunal que tome nota de la moción informativa, de la decisión adjunta del más alto tribunal francés, así como de esta réplica, y que emita cualquier medida que considere apropiada.

Desde el 2009, las autoridades en Francia mantienen un caso contra Taburno-Vasarely y otras personas, por un proceso de arbitraje supuestamente fraudulento.

Como parte del caso, las obras fueron ocupadas en abril de 2023 en un operativo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), en la residencia de Taburno-Vasarely en el Viejo San Juan, luego de que oficiales franceses argumentaron que se trataba de evidencia que necesitaban tener en París.

Según una moción de la fiscalía en febrero, las obras ocupadas por el FBI en abril de 2023 tenían un valor millonario, que fue estimado por un experto en arte.

“Las obras ocupadas pueden ser estimadas entre 7,480,000.00 euros y 9,240,000.00 euros”, concluyó Berthold Müller, dueño y gerente de la galería “Gimpel et Müller”, en París, señalando un valor que, en ese momento, era equivalente a entre $8,115,166.62 y $10,024,247.