Escena donde se atrincheró una pareja contra quien pesaba una orden de arresto por no presentar la Declaración de Viajero en el aeropuerto.
Mientras las autoridades intentaban ejecutar la orden de arresto en su contra, Figueroa Córdova publicó un vídeo, en redes sociales, en el que insistía que la intervención era ilegal, y acusó a la Policía de realizar un espectáculo. (Alexis Cedeño)

El matrimonio compuesto por Zulma Figueroa Córdova y Luis Ángel Colón Colón enfrentará juicio el 8 de febrero por el delito menos grave de resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública cuando, al arribar al aeropuerto Luis Muñoz Marín el 2 de enero, se negó a llenar la Declaración de Viajero, Alerta COVID-19 y entregar documentación a los funcionarios en la instalación portuaria.

La pareja, que la noche del martes intentó evadir una orden de arresto, quedó ayer en libertad bajo fianza, y se expone a una condena de seis meses de prisión o una multa de hasta $5,000.

Figueroa Córdova y Colón Colón comparecieron ayer de manera virtual a una vista ante el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de de Carolina. La vista no se realizó de manera presencial porque Colón Colón tiene COVID-19.

Desde el martes, Viera Garcés encontró causa para arresto contra ambos e impuso una fianza de $10,000 a cada uno. La determinación se hizo en ausencia de los sospechosos porque no comparecieron a corte ese día.

El intento por ejecutar la orden de arresto se tornó en un tenso incidente entrada la noche del martes, pues el matrimonio se atrincheró junto a tres menores en un vehículo estacionado cercano a su residencia, en Caguas. Tras finalmente ser intervenidos por la Policía, ayer la pareja compareció al señalamiento emitido por la corte. La fianza de ambos fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (Psaj), según el Departamento de Justicia.

Figueroa Córdova y Colón Colón están acusados de violar el Artículo 246 del Código Penal, al rechazar completar la declaración de viajero que exige la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador Pedro Pierluisi.

Según las denuncias, a su llegada al aeropuerto, la pareja “impidió que los funcionarios realizaran su trabajo cuando, de forma altanera, retante y con claro menosprecio a la ley, no entregó información personal que tiene que estar plasmada en el ‘Travel Declaration Form’ o Declaración del Viajero, la prueba negativa de COVID-19 y su identificación, requisito indispensable al llegar a cada uno de los aeropuertos de Puerto Rico”.

Ese día, tras salir del aeropuerto sin ser detenida por las autoridades al negarse a cumplir con los requisitos, Figueroa Córdova publicó un vídeo en el que se vanagloriaba de su actuación. La noche del martes, cuando la Policía y oficiales del Departamento de Salud procesaban su arresto y el de su marido, la mujer volvió a utilizar las redes sociales para publicar un vídeo en el que insistía en que era ilegal su arresto y el de su esposo. Además, acusó a la Policía de realizar un espectáculo.

Decenas de personas, entre ellas, activistas antivacunas, acudieron -muchos de ellos, sin mascarillas- al área donde se intentaba realizar el arresto para gritar contra los policías y funcionarios del Departamento de Salud. Además, de manera hostil, acosaron y agredieron a periodistas que cubrían el incidente.

Condenan ataques a la prensa

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico (AFPR) y el Overseas Press Club (OPC) suscribieron un comunicado conjunto ayer en el que expresaron su rechazo a lo que describieron como un atentado contra la libertad de prensa.

Según las organizaciones, cuatro fotoperiodistas, tres reporteros y un productor de noticias fueron agredidos al cubrir el proceso de mediación al que recurrió la Policía ante la resistencia inicial de la pareja a su arresto. Un fotoperiodista de El Nuevo Día fue uno de los agredidos.

“Entendemos y aceptamos que nuestra profesión nos expone a encontrarnos en medio de conflictos difíciles y, a veces, violentos en los que podemos sufrir de forma colateral. Lo que es inaceptable son los ataques violentos dirigidos específicamente a nuestros colegas cuando solo cumplen con su deber de informar”, reclamó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.

Los actos de la noche del martes son una escalada al nivel de violencia verbal que ciertos sectores antivacunas habían reflejado en las redes sociales, principalmente contra miembros de la comunidad científica y médica en Puerto Rico que promueven la vacunación de la población.

Movimientos como este se han visto a través del mundo, con gran resonancia en Alemania, Italia, y en algunas ciudades de Estados Unidos, en donde la población rechaza la intervención del Estado en la imposición de medidas para evitar la propagación de contagios por COVID-19. Los argumentos van desde teorías de conspiración hasta una resistencia a la limitación de libertades individuales.

La científica Mónica Feliú Mójer se mostró preocupada por el nivel de agresividad reflejado en el incidente. A nivel personal, había percibido un avance en la violencia verbal de tipo personalista en las redes sociales. “Una de las cosas que, a mí, me queda claro de lo que sucedió anoche (el martes) es lo peligrosa que es la desinformación cuando se combina con la polarización”, analizó Feliú Mójer. “Para muchas personas, estas posturas antivacunas se han convertido en una parte fundamental de sus creencias y, entonces, vemos estas reacciones extremas, de atacar a la otra persona, de que no hay espacio para el diálogo, y lo que hace es que se recrudece esa polarización”, agregó la comunicadora científica.

Para la antropóloga cultural María Isabel Quiñones, es difícil afirmar que acciones en contra de los mandatos de vacunación y otros protocolos responden exclusivamente al conservadurismo. “Creo que algunos grupos y organizaciones que se definen progresistas también recurren a símbolos y estrategias muy parecidas”, expresó. “En esta pandemia, tanto los sectores progresistas como conservadores convierten en ‘issues’ los derechos individuales, las libertades civiles, el debido proceso de ley y los límites del gobierno, pero no necesariamente por las mismas razones”, abundó Quiñones.

A juicio de la antropóloga, hay un punto de encuentro entre quienes desean limitar las intervenciones del Estado con el objetivo de proteger derechos individuales y quienes denuncian la violación de sus derechos civiles por parte del aparato gubernamental. “En un extremo, están los que temen que un estado de emergencia durante la pandemia se prolongue o se normalice y posiblemente abra la puerta a una forma de totalitarismo, y en el otro, quienes favorecen la no regulación de la economía, rechazan las ayudas a los más vulnerables o se oponen en una educación universal, tanto como a la vacunación universal”, comentó.

En tanto, la profesora de Derecho Yanira Reyes recalcó que una de las funciones principales del gobierno es velar por la salud y seguridad de la población. “Es más que razonable que el gobierno de Puerto Rico intente monitorear el estatus de las personas que van entrando” al país, dijo.

“Estas órdenes que se han establecido han sido cuestionadas en los tribunales y, hasta ahora, todas prácticamente han sido validadas”, subrayó.

Sin embargo, aunque se sostuvo en la autoridad del gobierno de Puerto Rico para imponer salvaguardas para la salud pública, Reyes opinó que eso no tiene que implicar en su ejecución un mecanismo punitivo que imponga multas o cárcel.

Ayer, precisamente, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, propuso enmiendas para que las violaciones a órdenes ejecutivas emitidas por el gobernante sean consideradas faltas administrativas, en vez de constituir delitos que deben ser atendidos por los tribunales y que exponen a las personas a multas de hasta $5,000 e, incluso, a penas de cárcel

El periodista Carlos Tolentino Rosario colaboró en esta historia.

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