El boxeador Félix Verdejo cuando llegó a las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Criminales junto a sus abogados al ser citado para ser entrevistado en el caso de la joven desaparecida Keishla Rodríguez.
Félix Verdejo al llegar al Cuartel General de la Policía la pasada semana. (Pablo Martínez Rodríguez)

Aunque la investigación por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz produjo resultados rápido, a nivel judicial todavía es muy temprano para saber si el caso contra el boxeador Félix Verdejo será certificado como uno de pena de muerte, opinó el martes Edgardo Román, excoordinador de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

Por un lado, dos de los tres delitos imputados, hasta ahora, a Verdejo con relación al homicidio de Rodríguez Ortiz -secuestro y robo de auto a mano armada (“carjacking”) que resultaron en la muerte de la joven de 27 años- son elegibles para la pena de muerte.

Pero, por el otro, los jurados en la isla han rechazado históricamente esa sentencia, el gobernador Pedro Pierluisi la repudia, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha expresado en contra de ella.

El padre de la víctima, José Rodríguez, tampoco procura una condena de ese tipo. “No creo en eso. Si tú le das a una persona así pena de muerte, lo estás ayudando. Es mejor echarle 100 años y que todos los días se quede con ese cargo de conciencia y pague todo lo que le hizo a mi hija”, sostuvo Rodríguez durante una entrevista el lunes en el programa televisivo Jugando Pelota Dura.

La denuncia contra Verdejo también incluye una imputación de matar intencionalmente a un menor por nacer, pero según la portavoz de fiscalía federal, Lymarie Llovet, ese delito no lleva un castigo de pena de muerte.

Aunque el caso no ha sido llevado hasta un gran jurado y tampoco se le ha asignado a un juez, el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpí, aprobó la asignación de un abogado especialista en el tema debido a que se trata de un caso elegible para la pena capital.

El abogado experto en casos de pena de muerte David Arthur Ruhnke fue asignado para formar parte de la representación legal del púgil.

“Evidentemente, si la la ley dispone que el castigo para el delito que se está planteando es la pena de muerte, inmediatamente lo hace elegible y se levantan las banderas de caso de pena de muerte, y hay que asignar (abogados) especialistas en estos casos de un listado muy limitado”, dijo Román, quien presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

“Que no se certifique el caso (para pena de muerte) es una posibilidad. Ya ha ocurrido anteriormente”, añadió.

Una certificación de pena de muerte tiene que ser solicitada por la fiscalía en San Juan al Departamento de Justicia en Washington D.C., que evalúa si se otorga o no.

Ruhnke fue uno de los abogados del notorio caso de los asesinatos en el negocio La Tómbola, por el que resultó convicto Alexis Candelario Santana, quien en 2012 fue sentenciado a cárcel de por vida luego que no hubiera unanimidad en el jurado para una sentencia de pena de muerte. Más tarde, se le concedió un nuevo juicio por otros asuntos procesales.

“El caso de La Tómbola es el más fuerte que ha habido en Puerto Rico porque fueron siete asesinatos y uno de ellos era una mujer embarazada”, señaló Román, al recordar ese intento de lograr la pena capital entre siete instancias en las que la fiscalía federal lo ha procurado en Puerto Rico.

El abogado abolicionista dijo que, en los últimos años, el respaldo de los estadounidenses a la pena de muerte se ha debilitado.

En Estados Unidos, hay 23 estados que no tienen pena de muerte y otros tres, Oregón, California y Pensilvania, tienen una moratoria. En los últimos cuatro años, Washington, New Hampshire, Colorado y Virginia (en marzo de este año) han aprobado legislación para abolir el estatuto que permitía ese tipo de condena.

“Te aseguro que hay un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos en contra de la pena de muerte, y se procura la abolición estado por estado”, sostuvo Román.

Destacó que, cuando en 2004 comenzó su activismo organizado en contra de la pena de muerte, solo había 12 estados que la prohibían. “En cada uno de los estados, ha habido adelantos para abolir la pena de muerte o limitarla, por ejemplo, a los menores de edad para que no los puedan ejecutar, a las personas que padecen de facultades mentales, a las personas que tienen algún tipo de condición o impedimento en su desarrollo mental”, mencionó.

Aunque en Puerto Rico se abolió la pena de muerte en 1929 y, en 1952, esa prohibición se llevó a la Constitución, a nivel federal se pueden certificar casos para perseguir ese castigo. Cada vez con más frecuencia, casos elegibles a ese tipo de sentencia se ven en el foro federal debido a un memorando de entendimiento que firmó el exgobernador Luis Fortuño, en 2010, y que las siguientes administraciones populares y penepés han mantenido.

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