Raphy Pina fue sentenciado a tres años y cinco meses de prisión después de ser encontrado culpable por posesión ilegal de armas de fuego.
Raphy Pina fue sentenciado a tres años y cinco meses de prisión después de ser encontrado culpable por posesión ilegal de armas de fuego. (Ramón "Tonito" Zayas)

El productor Raphy Pina solicitó al Tribunal de Apelaciones en Boston que revierta el veredicto en uno de los cargos en su contra y que, al menos, anule las condenas en las dos denuncias para que ordene la celebración de un nuevo juicio en la corte de distrito en San Juan.

Asimismo, la defensa Pina pidió al foro apelativo del Primer Circuito federal que considere ordenar que el caso sea asignado a un juez distinto, “uno sin las opiniones negativas arraigadas de este caso, los asuntos legales involucrados, el acusado y el abogado defensor”.

Las solicitudes están contenidas en el informe de apelación presentado por la defensa del productor esta semana y que ahora la fiscalía federal tiene que contestar en 30 días. Después, Boston decidirá si lleva a cabo una vista argumentativa.

Tras un juicio de una semana, un jurado encontró culpable a Pina en diciembre pasado por dos cargos y luego, en mayo, fue sentenciado a tres años y cinco meses de prisión. El primero lo denunció por la posesión ilegal de un arma por parte de un convicto. El segundo le imputó poseer un arma alterada para disparar de forma automática.

El informe de apelación plantea que, para el segundo cargo, el Ministerio Público “tenía el requisito de probar más allá de duda razonable que Pina sabía que el arma en cuestión tenía las características traídas dentro de la definición de ‘arma automática’”.

En ese sentido, señaló que la fiscalía federal “no produjo evidencia de que Pina alguna vez vio, mucho menos manejó o disparó el arma, la evidencia no fue suficiente para sostener su convicción”.

Mientras, insistió en que el tribunal federal en San Juan se equivocó al permitir que se usara como evidencia una expresión que hizo uno de los abogados de la defensa en una moción con antelación a juicio.

Denunció que al tomar una oración del documento, de que Pina estaba resignado a ir a prisión, “y argumentarlo como evidencia de consciencia de culpa, convirtió al abogado de la defensa en un testigo devastador sin ser juramentado contra su propio cliente, para el perjuicio irremediable de Pina”.

Recalcó que debido a que “la explotación repetida de ese argumento” del Ministerio Público “no fue inofensivo, las convicciones de Pina deben anularse”.

En esa misma línea, señaló que el uso de esa expresión provocó un conflicto de interés con su abogado principal y “privó a Pina de su derecho a una asistencia efectiva sin conflicto bajo la Sexta Enmienda” de la Constitución de Estados Unidos”.

Agregó que al convertir a su abogado de la defensa en “testigo” en su contra, Pina no tuvo la “oportunidad de sentarlo a declarar para que explicara el contexto y el significado de la expresión”.

En otro argumento previamente discutido, el otro punto de apelación denunció que los derechos de Pina bajo la Sexta Enmienda también fueron denegados cuando el tribunal de distrito en San Juan eliminó por completo la declaración de uno de los testigos de la defensa.

“Ese testigo habría brindado testimonio y evidencia documental de que Pina había estado viviendo durante algún tiempo, principalmente en Miami, y no en Puerto Rico, evidencia que era claramente relevante para la cuestión de si él poseía el poder y la intención de ejercer dominio y control sobre las armas y municiones en cuestión”, afirmó.

El Ministerio Público se basó en la disposición de “posesión constructiva” para alegar que Pina estaba en control de las dos armas de fuego que fueron ocupadas en una casa en Caguas que es propiedad de Pina.

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