La representación legal de Mayra Enid Nevárez Torres sometió el jueves una nueva moción de reconsideración ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico con el fin de revocar la sentencia del Tribunal Apelativo que ordenó el encarcelamiento de la mujer, quien fue condenada a cumplir cárcel por causar la muerte de Justin Santos, hermano del exponente de música urbana Arcángel, en un accidente en 2021.

Esta es la tercera y última oportunidad que tendrá la defensa de Nevárez Torres para convencer a los jueces del Supremo luego de que el pasado lunes se declarara “no ha lugar” su última moción.

Anteriormente, Nevárez Torres recurrió al más alto foro judicial en el país para solicitar una reconsideración que reinstituyera la determinación de la jueza superior Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, quien ordenó a la convicta a cumplir 15 años de restricción domiciliaria y bajo supervisión electrónica.

No obstante, por petición de la Fiscalía de San Juan, el tribunal de Apelaciones revocó la determinación de la jueza y ordenó a Nevárez Torres a cumplir cárcel por los hechos que se remontan al 2021, cuando conducía bajo estado de embriaguez y ocasionó el accidente de tránsito que culminó la vida de Santos.

En junio pasado, el Supremo emitió una resolución que mantiene la determinación de que Nevárez Torres cumpla en la cárcel su sentencia.

Nevárez Torres fue encontrada culpable el 12 de septiembre de 2024 al cabo de un juicio en el que la Fiscalía de San Juan presentó pruebas de que Nevárez Torres condujo una guagua Hyundai Tucson en contra del tránsito cuando impactó un vehículo todoterreno Can-Am, conducido por Santos y en el que viajaba además un pasajero.

En mayo, los abogados de la convicta sometieron un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo donde expusieron, entre otras cosas, que el Tribunal de Apelaciones erró en su determinación pues la pena de restricción domiciliaria se fundamentaba en “un mandato legislativo contenido en la Ley de Tránsito”.

Sin embargo, un panel de jueces del Supremo, presidido por el juez asociado Martínez Torres, no estuvo de acuerdo con la defensa.

“Atendida la apelación presentada, se acoge como una petición de certiorari y se provee no ha lugar”, resolvió el panel en aquel entonces.

Ahora, el equipo legal de la convicta también señaló la cobertura mediática del caso por la opinión que el público ha desarrollado hacia su clienta.

“Con su proceder, el Tribunal de Apelaciones definió que, de ahora en adelante, lo que no esté expresamente permitido, está prohibido, revirtiendo de ese modo el Principio de Legalidad”, lee la moción.

Además de esto, los abogados aseguraron que su nueva moción “cumple con los 13 criterios enumerados por lo que no existe razón que impida que se declare ha lugar la presente moción”.

El recurso fue firmado por los abogados Ramón A. Nevárez Andino y Ramón A. Nevárez Ortiz.

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