La fiesta reunió a un grupo de personas en violación de las medidas contra el COVID-19.

Tras varios días en que era buscada por las autoridades, la organizadora de una fiesta que reunió a decenas de personas en Morovis en aparente violación a las medidas contra el COVID-19 impuestas por el gobierno, así como un participante de la actividad, acudieron al Tribunal de Arecibo este viernes.

Nancy Aguilar y Lisardo Tavarez habían sido citados por los alguaciles para las 2:00 de la tarde, luego de que la jueza Cyndia Irizarry Casiano encontró causa en ausencia por violar la orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez. La magistrada estableció esta tarde que la vista preliminar contra ambos se celebrará el 22 de octubre en el Tribunal de Primera Instancia de Ciales.

“Evidentemente, vamos a estar radicando la moción asumiendo representación legal, vamos a estar radicando un descubrimiento de prueba y una serie de órdenes y en todo caso, con toda probabilidad, se va a estar radicando una moción de desestimación”, sostuvo el abogado de los imputados, Pedro Rivera Martínez, a su salida del tribunal.

Ni Aguilera ni Tavares emitieron declaraciones. Los abogados pidieron deferencia y comentaron que por el momento no hablarían mientras transcurre el proceso judicial.

La jueza encontró causa contra ambos, después de que fueran acusados en ausencia por la fiscalía de Arecibo por violaciones a la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP), luego de que circularan imágenes de decenas de personas conglomeradas sin mascarillas ni distanciamiento físico.

Aguilar fue quien arrendó el local de la fiesta. Antes de que fuera imputada llegó a tener un contacto con las autoridades poco después de que se conociera sobre la fiesta, pero no acudió a un cuartel como se le solicitó. Posteriormente refirió cualquier comunicación a su representación legal, encabezada por el licenciado Rivera Martínez, informó el martes pasado la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud mientras intervenían con otros participantes del evento en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

Los abogados de los jóvenes, Rivera Martínez y Juan Gabriel Díaz, condenaron la radicación en ausencia, argumentando que las autoridades sabían que ellos eran los abogados de los acusados, tenían los números telefónicos para contactarlos, y no lo hicieron.

Jesús Hernandez, director de la oficina de investigaciones del Departamento de Salud, ha sostenido que sí se les comunicó sobre la radicación de cargos y decidieron no comparecer.

En cualquier caso, este viernes en la tarde el dúo se presentó ante una jueza que les informó de los cargos y pautó el juicio en su contra para el 22 de octubre, en la mañana, en el Tribunal de Primera Instancia de Ciales.

Según se ha explicado, por tratarse de un delito menos grave, el proceso pasa directo a juicio sin tener vista preliminar.

Pero, con toda probabilidad, antes de llegar a juicio los abogados sometan diversos recursos para detener el proceso, de acuerdo con los comentarios que hicieron en las afueras del tribunal. De hecho, dejaron saber que incluso evaluarían la posibilidad de impugnar la constitucionalidad del cargo de violar la orden ejecutiva, toda vez que ese cargo nunca pasó ante la consideración de los legisladores.

“Antes de eso vamos a estar radicando mociones, descubrimiento de pruebas, una serie de órdenes y en todo caso, con toda probabilidad, se va a estar radicando unas mociones de desestimación”, indicó Rivera Martínez.

Díaz cuestionó el proceso contra los jóvenes, dando a entender que la justicia estaba aplicando una doble vara contra ellos. Haciendo referencia a Hernández, preguntó a cuántos políticos que estuvieron en actividades de campaña, donde se aglomeraron personas, y donde se registraron casos positivos de COVID-19, habían investigado.

“Quisiera destacar algo en particular. El agente investigador del Departamento de Salud (Hernández) se encuentra aquí en el tribunal. Me parece curioso preguntarle cuántas investigaciones él ha hecho sobre los políticos que estaban haciendo campaña política, de las personas que estaban allí en esas actividades. ¿Por qué no han sido citadas? Pedro Pierluisi no ha sido citado, Carmelo (Ríos) no ha sido citado. ¿Por qué (Carlos Delgado) Altieri no ha sido citado, cuuando hay fotos en las redes, hay videos en las redes que esas personas estaban en violación de la orden ejecutiva? ¿Hay doble vara en este país?”, cuestionó Díaz.

Sin embargo, Hernández calificó de “muy interesante” las expresiones de los abogados y argumentó que debían “dar explicaciones” sobre por qué sus clientes “nunca estuvieron disponibles” para los oficiales de ley y orden.

“Ustedes lo pudieron ver, durante esas 48 horas que se les dieron. Aquí vino el dueño de la finca, conocía obviamente que tenía un compromiso. Y sus clientes sabían que tenían un compromiso. El abogado lo sabía”, sostuvo Hernández.

Sus palabras generaron una inmediata reacción de rechazo de los abogados. Rivera Martínez afirmó que “él sabe que eso es falso. Sabe que estuvimos en el aeropuerto, intercambiamos teléfonos. Y el tribunal va a saber que tenían mi teléfono”.

“No solamente eso. Tenían completo conocimiento de que somos los abogados. Es la primera vez que van a presentar unos cargos, y presentan unos cargos y no nos llaman a nosotros cuando tiene nuestra información. Eso es algo insólito”, agregó Díaz Díaz.

En cuanto al reclamo de doble vara y por qué no se había procesado a políticos, Hernández sostuvo que “les puedo garantizar que ese asunto se trajo a la mesa, y las personas fueron cooperadoras en el proceso”.

“Lamentablemente en el que estamos viendo durante el día de hoy, nunca han sido cooperadoras, desde las personas que estuvieron envueltas en el asunto, hasta lamentablemente sus abogados. Ellos tendrán sus opiniones y eso lo presentaremos entonces en el tribunal más adelante”, comentó Hernández.

Los abogados comentaron que estarían explorando “todas las opciones legales”, incluyendo una posible impugnación de la legalidad o constitucionalidad de los cargos, bajo la premisa de que no pasaron por la evaluación de los legisladores.

“Vamos a sentarnos, vamos a hacer un análisis jurídico. Pero todo Puerto Rico, todo jurista sabe que quien tiene la facultad de legislar un delito aquí, es la Legislatura y no es el poder Ejecutivo como es la gobernadora. Por lo que podemos concluir que si se crea una orden ejecutiva y ponen un delito, eso es contrario a derecho, inconstitucional, que no tiene ninguna validez jurídica”, sostuvo Rivera Martínez.

“Tiene que se tipificado (el delito). En un gobierno republicano como el nuestro, como el de Estados Unidos, no se puede gobernar a base de decretos como tal. Esto no es una monarquía. Por tanto, cuand se intenta castigar o se intenta imputar un delito criminal, penal, tiene que cumplir con un procedimiento constitucional, lo cual, a nuestra perspectiva, no se dio en este caso”, agregó Díaz.

Hernández por su parte, a preguntas sobre ese aspecto en particular que plantean los abogados, explicó que “como oficina de investigaciones, y mis compañeros de la Policía de Puerto Rico y el conglomerado de las agencias interagenciales nosotros lo que hacemos es establecer las órdenes ejecutivas o alguna violación en ley. En el caso de nosotros administramos eso que se dispuso mediante una orden ejecutiva, una ley que se crea en un momento dado”.

No obstante los cuestionamientos, el director de investigaciones del DS, se mostró “en plena confianza” de que prevalecerían en el caso. Comentó que además de los tres ya acusados, y Michael Miles, quien fue entrevistado en el aeropuerto mientras salía de Puerto Rico y fue citado para comparecer ante el tribunal el próximo 21 de septiembre, había otra persona más que fue también citada. Hernández no ofreció el nombre de esa quinta persona.

El oficial insistió en que al momento han podido traer ante el tribunal o citar a las personas identificadas como “organizadores” de la actividad a la que se estima acudieron unas 200 personas, muchas de ellas provenientes de otras partes de los Estados Unidos. De no comparecer, Hernández ha insistido que podrían ser acusados en ausencia. También ha adelantado que buscarán las declaraciones de viajeros para evaluar la posible radicación de cargos adicionales por mentir a las autoridades en esa declaración, acto que constituiría un delito.

La misma juez encontró causa contra Edgardo Negrón Marrero, dueño de la finca Los Mangoes, en Morovis, quien salió bajo fianza el mismo día.

Negrón Marrero se ha defendido asegurando que informó a los organizadores sobre los protocolos contra el COVID-19, pero que ellos fueron los que ingresaron a todas esas personas al local en la finca.