Washington- Un tribunal federal de apelaciones cuestionó a la adminstracion Trump sobre las razones para la cancelación del programa “bancos verdes”, de energía limpia y que cuenta con un presupuesto de unos $20,000 millones en fondos federales.

Asimismo, la corte cuestionó a las organizaciones sin fines de lucro elegidas para administrar el programa sobre si estas exigieron acceso a los fondos, que, técnicamente, no les correspondía controlar.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia están considerando el destino del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, un programa de la era de la administración Biden autorizado por el Congreso destinado a impulsar las inversiones en energía limpia que la administración Trump ha apuntado para su cancelación. Ambas partes fueron objeto de un intenso interrogatorio durante las tres horas que duraron los alegatos orales.

Los jueces cuestionaron las acusaciones de la administración Trump de mala gestión y fraude por parte de las organizaciones sin ánimo de lucro, que los funcionarios federales no corroboraron en anteriores presentaciones judiciales. También cuestionaron si las organizaciones sin ánimo de lucro podrían utilizar parte del dinero después de que el Congreso derogara el año pasado parte de una ley que establecía el banco verde.

El pleno del tribunal de apelaciones acordó volver a escuchar el caso después de que un panel de tres jueces dijera en septiembre que la administración Trump tenía un amplio poder para cancelar contratos sin enfrentar acusaciones en un tribunal federal de distrito de que infringió la ley y violó la Constitución al presuntamente rescindir contratos arbitrariamente y negarse a gastar dinero que el Congreso se apropió. Es raro que el pleno del tribunal vuelva a escuchar casos, un proceso reservado para los más importantes.

Un abogado de la EPA fue interrogado sobre lo que un juez dijo que eran razones cambiantes para cancelar subvenciones para Climate United Fund y otras organizaciones sin ánimo de lucro. Primero, en febrero de 2025, el gobierno congeló los fondos sin dar explicaciones detalladas y alegó despilfarro y fraude, y luego pasó a la preocupación general de que no había suficiente supervisión de la EPA sobre el programa, según el interrogatorio.

“La forma en que estaban estructurados era fundamentalmente inadecuada e inaceptable y exigía rehacerlos”, respondió Yaakov Roth, abogado representante de la EPA.

Roth sostuvo que el gobierno tiene un amplio margen de maniobra en las decisiones de contratación. Según Roth, cualquier acusación de que esas decisiones no eran correctas debía ser tratada por un tribunal distinto, que sólo podía conceder una compensación económica a los grupos, pero no restablecer el acceso a los fondos para ejecutar el programa.

Roth también argumentó que no tiene mucho sentido ponerse del lado de las organizaciones sin ánimo de lucro ahora que el Congreso anuló en julio la parte de la ley de 2022 que autorizaba inicialmente el banco verde.

Las organizaciones sin fines de lucro figuran entre los grupos seleccionados por el entonces administrador de la EPA, Michael Regan, para recibir $20,000 millones destinados a financiar decenas de miles de proyectos de lucha contra el cambio climático y promoción de la justicia medioambiental. El dinero se concedió oficialmente en agosto de 2024.

Climate United Fund y otras organizaciones sin ánimo de lucro fueron elegidas para gestionar el banco verde y miles de millones de dólares habían sido depositados en una cuenta de Citibank para su uso. La administración del presidente Donald Trump puso rápidamente al banco en el punto de mira tras el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, dijo que quería recuperar los fondos, alegando posibles fraudes y conflictos de intereses.

A medida que aumentaba la presión contra el banco verde, la EPA congeló los fondos de la cuenta de Citibank e impulsó investigaciones federales sobre la conducta de los grupos. Luego canceló las subvenciones.

Un abogado de las organizaciones sin ánimo de lucro alegó que la agencia ya había asignado el dinero ingresándolo en la cuenta de Citibank para uso del programa. Pero los jueces se preguntaron si el dinero estaba realmente bajo el control de las organizaciones sin ánimo de lucro en ese momento y si era ilegal que el gobierno lo congelara. También se preguntaron cómo debían sopesar el hecho de que el Congreso hubiera rescindido un texto fundamental para el dinero.

Adam Unikowsky, abogado de Climate United Fund, afirmó que en el momento en que el Congreso anuló partes fundamentales de la ley, la EPA ya había actuado ilegalmente.

Derogar una ley “no convierte retroactivamente en legal una acción ilegal”, dijo.

En septiembre, un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó por 2-1 que los funcionarios federales tienen un amplio margen de maniobra para cancelar fondos asignados por el Congreso sin enfrentarse a demandas en los tribunales federales de distrito.

La jueza Neomi Rao, nombrada por Trump, escribió para la mayoría que el litigio debía dirigirse en un tribunal federal de reclamaciones que se ocupara de los litigios contractuales. La juez discrepante, Cornelia Pillard, nombrada por Barack Obama, dijo que el resultado era una pérdida no solo para los grupos de bancos verdes, sino también para la autoridad del Congreso de redactar políticas y mantener el poder tradicional de la cartera.

Esa decisión anuló la dictada por la jueza de distrito Tanya Chutkan, nombrada por Obama, según la cual la EPA no podía respaldar las acusaciones de Zeldin y las organizaciones sin ánimo de lucro no debían ver rescindidos sus contratos. La orden de Chutkan ha quedado en suspenso a la espera de la apelación de la EPA.