Las pérdidas ascienden a $1.8 millones por comida decomisada en los comedores escolares. (GFR Media)
El Departamento de Educación comenzó a abrir comedores escolares en mayo para proveer almuerzos, en coordinación con los municipios. (GFR Media)

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones determinó que el gobierno no tiene la obligación de proveer alimentos a los ciudadanos en medio de la pandemia del coronavirus, por lo cual revocó una sentencia emitida por un tribunal inferior para ordenar al Departamento de Educación a abrir los comedores escolares.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que los siete individuos y cinco organizaciones sin fines de lucro que demandaron al Estado no lograron demostrar que el gobierno tiene la obligación de alimentar a “toda la población en estado de necesidad mientras dure esta emergencia”. El foro apelativo argumentó que ni la Constitución del Estados Libre Asociado, ni leyes estatales ni federales establecen que el Departamento de Educación tiene el “deber ministerial” de proveer alimentos a las personas.

“El Departamento de Educación alimenta a los niños en el contexto de un proceso de enseñanza. Se trata de un componente importante, pero accesorio al propósito principal de educar en las escuelas. Ello no convierte al Departamento en una agencia alimentaria. Son cosas diferentes”, concluyó el Apelativo. “Nuestro examen de la Constitución no reveló ninguna disposición que expresamente le imponga al gobierno un deber de alimentar a los ciudadanos o alguna otra obligación positiva relacionada con su sustento”, añadieron los jueces en la sentencia, tras plasmar hasta una revisión del diario de sesiones de la Convención Constituyente.

En la demanda original, radicada el martes, 28 de abril, siete familias y cinco organizaciones sin fines de lucro reclamaron que el Departamento de Educación ordene la reapertura de las cocinas de los comedores escolares y cumpla así con su obligación de proveer alimentos a los estudiantes. De acuerdo con el recurso legal, el gobierno no podía transferir su responsabilidad a organizaciones sin fines de lucro, como se ha pretendido hacer al donar las comidas adquiridas por la Autoridad Escolar de Alimentos a entidades no gubernamentales.

A finales de mayo, el juez del Tribunal Superior de San Juan Anthony Cuevas Ramos emitió una sentencia en la cual ordenó a Educación a abrir todos los comedores escolares que fueran necesario para alimentar a todas las personas necesitada a causa de la crisis social y económica causada por el COVID-19.

“En este caso, no se trata exclusivamente de la reivindicación de un derecho; se trata de la supervivencia misma que tanto invocan las diversas órdenes ejecutivas que nos han mantenido aislados, manteniendo al pueblo encerrado sin la oportunidad de traer el sustento a su hogar. No nos parece justo que el gobierno utilice como defensa que le corresponde a los padres y madres ser quienes, en primer orden, brinden los alimentos a sus hijos y, al mismo tiempo, tenerlos incapacitados económicamente”, expresó Cuevas Ramos en su sentencia del 22 de mayo.

Hace dos semanas, el Tribunal Supremo rechazó entrar en los méritos de la demanda y lo devolvió al Tribunal de Apelaciones. En una opinión disidente, el juez asociado Ángel Colón argumentó que el Supremo debió haber atendido la controversia, pues “(la crisis) continúa agravándose, mientras el Estado -insensible e incompetentemente- permite que se echen a perder miles de libras de alimentos que custodia y que se obtienen mediante el uso de fondos públicos”.

El foro apelativo argumentó, en la sentencia de 48 páginas, que el Tribunal Superior erró al dar la razón a los argumentos de los demandantes. Asimismo, indicó que los demandantes no lograron demostrar que el cierre de los comedores escolares en el momento en que se decretó un toque de queda y cierre de comercios a mediados de marzo provocó hambruna en el país.

“Para sostener que el derecho a la vida le impone al Estado el deber de alimentar ‘a toda la población en necesidad’, la parte demandante apelada, y el Tribunal de Primera Instancia, han extrapolado una doctrina del derecho de familia para imponerle una obligación al Gobierno que no existe”, lee la sentencia.

Los jueces apelativos acogieron en su escrito varios de los argumentos presentados por el Departamento de Justicia -en representación de Educación- cuando solicitó la desestimación del caso en el Tribunal Superior. Por ejemplo, el Apelativo determinó que los demandantes no tenían la capacidad judicial para demandar al Estado, pues no demostraron que existiera una relación causal entre los daños y el cierre de los comedores. Asimismo, señalaron que se trató de una controversia de política pública y que la rama Judicial no podía intervenir para dictar las acciones del Ejecutivo.

“Que la instrumentalidad del gobierno que supla alimentos sea el Departamento de Educación mediante los comedores escolares, y no la Administración de Desarrollo Socioeconómico del Departamento de la Familia mediante el sistema de la Tarjeta de la Familia, es una cuestión política. Al ser una cuestión política que no es susceptible de ser adjudicada por los tribunales, esta debe ser resuelta por las instituciones y procesos políticos de nuestro sistema de democracia representativa”, expresó el Tribunal de Apelaciones.

“No podemos aceptar la pretensión de los demandantes apelados de que este Tribunal interprete el derecho a la vida reconocido en la Constitución de Puerto Rico para convertirlo, de una obligación negativa de respetarla, en una obligación positiva de sustentarla”, concluyó.

El Departamento de Educación anunció el miércoles que las clases comenzarán a distancia en agosto. Los comedores escolares proveerán alimentos para los estudiantes a partir del 17 de agosto, los cuales se servirán para llevar y los padres o encargados deberán acudir a los planteles para recogerlos.