La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones enfrenta cargos por aprovechamiento ilícito y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, por alegadamente aprovechar su puesto para obtener recaudos para el comité de campaña Ricardo Rosselló.

El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentó hoy, jueves, tres cargos contra la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, por alegadamente aprovechar su puesto para obtener recaudos para el comité de campaña Ricardo Rosselló Nevares.

La jueza Ileana Blanco Maldonado determinó causa para arresto tras examinar parte de la prueba presentada por los fiscales Ramón Mendoza Rosario, Leticia Pabón Ortiz y Juan Catalá Suárez.

Los cargos contra la abogada son por aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos (Art. 252 del Código Penal) y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2 en sus incisos b y m. Estos incisos son los que prohíben que se utilice el cargo para obtener para sí o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley; y que se exija o solicite a otros servidores públicos que hagan contribuciones económicas o empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política.

La jueza fijó, por estos cargos, una fianza global de $45,000.

El FEI firmó un acuerdo de colaboración con Kathy Erazo, la contratista gubernamental y recaudadora del comité de campaña de Rosselló Nevares. Erazo también es suegra del exdirector de campaña Elías Sánchez.

Torres López estuvo acompañada en la vista de Regla 6 por su hermana Wanda Torres López y su abogada Carmen Quiñones Núñez, mientras que la jueza y fiscales participaron de manera remota mediante videoconferencia.

A preguntas de la jueza, la expresidenta de Telecomunicaciones contó que era la primera vez, en su carrera de 40 años, que se enfrentaba a un proceso criminal. Explicó que su esposo lleva 22 meses encamado tras sufrir un derrame cerebral y que ella es su cuidadora junto a su hermana y una enfermera contratada.

Sandra Torres a las afueras del Tribunal de San Juan, donde una jueza determinó causa para arresto por supuesto aprovechamiento ilícito y violaciones a la Ley de Ética. (Ramón "Tonito" Zayas)

Torres López se tendrá que regir por los términos y condiciones que establezca el servicio con antelación al juicio para su libertad.

Los fiscales presentaron como prueba las declaraciones juradas de 17 testigos, que incluyen al presidente y dos asesores de la compañía Claro Puerto Rico, Enrique Ortiz de Montellano, Francisco Silva Salcedo y Ángel Cintrón, respectivamente.

El exayudante de Torres López, Exel López Vélez, cuenta con inmunidad total como testigo de cargo, según decidió el Panel del FEI en un memorando del 17 de febrero de 2021.

También figuran como potenciales testigos contra Torres López la exsenadora y exsecretaria de la Gobernación, Zoé Laboy; la expresidenta de la Comisión de Servicio Público, María Teresa Fullana; el agente de la Oficina del Panel del FEI, Faustino Meléndez; los abogados de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Carlos Capó y Nydia Salavarría; un representante de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y un representante del Departamento de Estado, entre otros.

La etapa de Regla 6 cumple el propósito de identificar a la imputada como quien cometió los delitos que el gobierno alega. El proceso judicial procede entonces con la vista preliminar, donde la acusada podrá cuestionar la prueba presentada por el FEI.

Al salir de la sala, Torres López se limitó a decir que “siempre he sido responsiva con ustedes (los periodistas)”, pero agregó que como abogada los cánones de ética le impedían hablar del procedimiento. A preguntas sobre su inocencia, solo reiteró: “Siempre lo he dicho y lo sostengo”.

Los alegados hechos ocurrieron entre marzo a junio de 2018.

La resolución del Panel del FEI alegaba que Erazo García le mencionó a Torres López y López Vélez que por orden del entonces gobernador Rosselló Nevares los jefes de agencia tenían que recaudar fondos para su campaña a la reelección. Sin embargo, Rosselló Nevares no pudo aspirar a un nuevo termino, como pretendía, porque el 24 de julio de 2019 anunció que renunciaría al cargo, tras quince días de manifestaciones en su contra. Las manifestaciones fueron provocadas por las acusaciones de corrupción a miembros de su gabinete y la filtración de 889 páginas de un chat en el cual él y otros 11 allegados discutían su estrategia de manipulación mediática.

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