La jueza Paola Niled Morales Vélez, del Tribunal de Aibonito, declaró “no ha lugar” el recurso de habeas corpus que presentó la madre de la media hermana de Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La decisión surgió en una vista celebrada en la mañana de este miércoles en la sala 2 de la corte.

En resumen, el recurso, presentado por el licenciado Alfredo López Garay, representante legal de Sheila Rodríguez Torres —madre de la menor M.D.A.R.—, solicitaba que la joven fuera puesta en libertad, alegando que estaba siendo retenida por el Estado.

El caso inició en diciembre pasado, luego de que la joven, quien figura como testigo en el caso por la muerte de Pratts Rosario, fue reportada como desaparecida, lo que llevó a las autoridades a activar la alerta Rosa en un esfuerzo por dar con su paradero.

Sin embargo, la alerta se desactivó cuando la menor llegó a la comandancia de Aibonito en buen estado de salud. Desde entonces, la madre, a través de su abogado, ha alegado no saber el paradero de su hija, por lo que presentó el recurso de habeas corpus.

En esa petición, que fue rechazada este miércoles, la parte demandante solicitó una vista para que el Estado explicara las razones por las que, supuestamente, la mantenían bajo custodia, una premisa que ha sido rechazada por el Departamento de Justicia.

Precisamente, dicha agencia estatal ha informado que la joven de 18 años no se encuentra bajo la custodia del Estado, sino que ha mostrado renuencia en regresar a su hogar tras unos supuestos hechos ocurridos en el seno familiar que atentan contra su integridad.

“Esta determinación judicial (del ”no ha lugar" al habeas corpus) reafirma que el proceder del Departamento de Justicia ha sido conforme a derecho y guiado, en todo momento, por el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, dijo la secretaria Lourdes L. Gómez Torres.

Añadió que “nuestra función constitucional es litigar los asuntos legales ante los tribunales con rigor, responsabilidad y absoluto respeto al debido proceso de ley”. Aseguró que el compromiso de la agencia es garantizar la integridad y pureza de los procesos.

“Continuaremos ejerciendo nuestras facultades con un enfoque firme en la administración de la justicia, salvaguardando el bienestar y la seguridad de las víctimas y los testigos. Nuestro compromiso es garantizar la integridad y la pureza de los procesos judiciales como pilar fundamental de la transparencia, la confianza pública y el estado de derecho”, dijo.

Tras la vista celebrada en la sala 2 del Tribunal de Aibonito, López Garay indicó a la prensa que “la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está la menor de edad? ¿Y bajo la custodia de quién?“.

“Más aún, verdad, entendemos que son bien desacertadas y desafortunadas las expresiones de la honorable secretaria del Departamento de la Familia (Suzanne Roig Fuertes) ayer en la conferencia de prensa, al decir de que el Departamento de la Familia no tiene que intervenir en el caso”, comentó.

En declaraciones transmitidas en Telenoticias (Telemundo), López Garay añadió que “a la secretaria se le olvida de que las trabajadoras sociales del Departamento de la Familia se han reunido con la madre en presencia de este abogado”.

Asimismo, el licenciado recordó que la Ley 57-2023, conocida como la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, permite que el Departamento de la Familia investigue estos casos.

“De otra parte, la orden de protección en contra de la madre fue archivada. No hay ninguna orden de protección en contra de la madre. La madre sigue teniendo la custodia y patria potestad de la menor, así que nosotros ya tenemos un recurso corriendo en el Tribunal de Apelaciones para que la Policía explique”, abundó el licenciado a la prensa.

No obstante, al menos dos fuentes de El Nuevo Día confirmaron que la joven cuenta con una orden de protección a su favor. La medida fue emitida contra su padre —también progenitor de Anthonieska—, quien supuestamente reside en la casa de Rodríguez Torres.

Actualmente, queda pendiente un recurso de mandamus que fue radicado recientemente en el Tribunal de Apelaciones para que se ordene a la Policía informar sobre el paradero de la joven.

De acuerdo al documento, la Uniformada “no le ha informado a la madre, parte demandante, cuál es el paradero de su hija, qué hizo el Estado con ella, y a quién la Policía de Puerto Rico se la entregó”.

El periodista Alex Figueroa Cancel colaboró en esta historia.