El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la impugnación de la consulta de estatus "Estadidad Sí o No" por entender que está relacionada con el resultado de la expresión del pueblo expresada en los plebiscitos de 2012 y 2017. (Jose R. Madera)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la consulta de status “Estadidad Sí o No" se podrá celebrar en las elecciones del 3 de noviembre.

La decisión del máximo foro judicial de la isla surge de una demanda sometida por Orlando José Aponte Rosario impugnando la Ley 51 del 2020 que autoriza la consulta de estatus.

En su decisión, el Supremo concluyó que la consulta tiene un fin público, consistente con lo que se dispone en el Artículo VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico.

Se dispuso que cumple un fin público, “ya que permite a todos los puertorriqueños, en igualdad de condiciones, participar y expresarse a favor o en contra de ratificar e implementar la fórmula de estatus que resultó favorecida en los plebiscitos celebrados en 2012 y 2017” y ejercer su derecho de autodeterminación.

Además, el Supremo fundamentó que el precedente en el caso Báez Galib II sostiene que no se puede aprobar legislación que altere sustancialmente la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos sin que previamente haya obtenido la aprobación de los puertorriqueños.

Por tanto, el tribunal concluyó que, a diferencia del año 2000, cuando se resolvió el caso de Báez Galib II, “hoy existe un mandato electoral para la descolonización de Puerto Rico mediante la admisión del territorio como estado de la Unión y a favor de toda gestión legal que adelante esos fines”.

De manera que el Supremo determinó que la consulta de estatus político a efectuarse el 3 de noviembre de 2020 es un mecanismo válido y no discriminatorio, con un fin eminentemente público.

Se añadió que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de escoger mecanismos legítimos para adelantar su objetivo y registrar la expresión del pueblo, y que el tribunal no puede cuestionar “la sabiduría o conveniencia” de esa determinación legislativa por tratarse de una “cuestión política no justiciable”.

Asimismo, el Supremo determinó que la ley que autoriza la celebración de unas elecciones presidenciales en Puerto Rico tiene un “fin público discernible y definido”.

Según el tribunal, “en el 2017 el pueblo autorizó expresamente a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley de voto presidencial”, cónsona con “el mandato electoral en los plebiscitos de 2012 y 2017”.

En conclusión, el Tribunal Supremo determinó que no le corresponde invalidar la legislación impugnada, debido a que se obtuvo esa autorización expresa para la Ley Núm. 58-2020 en el plebiscito de 2017 y que “es cónsona con las aspiraciones que el pueblo de Puerto Rico manifestó al aprobar su Constitución”.