Por los pasados tres meses hemos visto cómo unas pequeñas partículas virales han paralizado a poblaciones o países completos. La cancelación de actividades sociales, educativas y laborales para prevenir la propagación de la epidemia ha provocado una desaceleración de la economía y caídas en los mercados de valores. China, epicentro del COVID-19, ha sido el país más afectado, por tener la mayor densidad poblacional mundial y un gran crecimiento económico.

En este escenario crítico ha quedado evidenciada la conexión entre economía y medioambiente. Satélites de monitoreo de contaminación en la capa atmosférica baja han detectado cambios significativos en las emisiones de gases de invernadero sobre la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, donde el coronavirus ha obligado a 56 millones de personas a permanecer en restricción domiciliaria. 

En sorprendentes imágenes publicadas por NASA se observan disminuciones en la producción de dióxido de nitrógeno, el cual es un gas nocivo para la salud respiratoria, y uno de los responsables del calentamiento global. Este es producido al quemar combustibles por los medios de transporte, plantas de energía y fábricas. Coincidiendo con la cuarentena provocada por el brote viral, entre el 1 de enero y 25 de febrero los niveles de dióxido de nitrógeno bajaron entre un 10 y 30%.

Aunque los países deben fomentar la calidad de vida de sus ciudadanos a través del desarrollo económico, sabemos que la producción de energía para sostener las necesidades de una creciente población mundial ha pasado factura al planeta.

Según nos vamos adentrando en este nuevo siglo, debemos movernos hacia tecnologías de producción energética limpia y nuevos modelos económicos que fomenten el uso eficiente de los recursos. No es aceptable un desarrollo económico en el que los seres vivos tendrán que pagar con su salud o su vida, como pasaría ante las complicaciones que surgirán de continuar los cambios climáticos.