En días recientes se dieron a conocer detalles del informe sometido por la monitora federal para Puerto Rico, Kimberly Tandy, por el caso de la violación sistémica de los derechos civiles a menores de edad por parte de la Administración de Instituciones Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El informe reseña los meses de abril a junio; y de lo que de él se desprende, debería ser suficiente para exigir inmediata acción por parte del gobierno. Sin embargo, poco se ha escuchado al respecto, aun cuando median señalamientos tan alarmantes como suicidio, agresiones, abuso de sustancias controladas, entre otros.

Nuestra apatía, poco envidiable, redunda en una de nuestras más grandes contradicciones como sociedad: por un lado vivimos presos y víctimas de la violencia; por el otro nos desentendemos del ofensor una vez es sentenciado. El problema puede acrecentar cuando es un menor, ya que aumenta la probabilidad de que este se convierta en un futuro reincidente, lo que hace imposible que exista una verdadera rehabilitación.

Tampoco sirve de aliciente el hecho de que aún en nuestro ordenamiento jurídico no exista una edad mínima establecida para que el Estado pueda intervenir con un menor. La dicotomía es, además de jurídica, social. Por lo tanto, es meritorio retomar la discusión no tan solo de las atenciones rehabilitadoras al menor ofensor; sino que a su vez la legislación pertinente respecto a esta población.

No podemos continuar ignorando el entramado teórico por el cual se desarrolló la teoría del menor como sujeto especial en el ámbito criminal. De insistir en esta indiferencia, el resultado será la negación de facto de su vulnerabilidad.

¿Cuándo fue que antepusimos la indignación ante un acto a la protección de los derechos de todos? Hemos convertido los centros de detención en cárceles, las cortes de familia en juicios penales regulares y las herramientas habilitadoras en sentencias.