Hace un año comenzaron las protestas multitudinarias más efectivas en la historia de Puerto Rico. Coincidieron con la conmemoración de la Toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa de 1789. Este año, dichos aniversarios se dan en el marco de una pandemia, cuya irrupción en nuestras vidas cotidianas se ha abusado para censurar a manifestantes -principalmente el mes pasado y en Estados Unidos, aunque continúan alrededor del mundo- con personas reclamando en las calles sus derechos humanos y combatiendo la opresión racista.

La relación de estas últimas protestas con el alza reciente en los casos de COVID-19 es sumamente tenue. Al ocurrir a la misma vez que tantos gobiernos impacientes aflojan sus restricciones, es difícil achacarle esa inflexión ascendente en las gráficas de contagios a un fenómeno en particular.

Difícil, pero no imposible.

Muchísimos expertos argumentaron desde que iniciaron las protestas que —aunque obviamente son riesgosas—el llevarlas a cabo en espacios abiertos, más insistir en el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos, son factores que mitigan el peligro de contagio. Lo que exacerba ese peligro son los “dispersamientos” violentos y los gases lacrimógenos. Lo peligroso e injusto, en las crisis más duraderas (como opinan esos mismos expertos), son los efectos de la desigualdad y el discrimen racial en la salud pública.

En El otoño del patriarca, el dictador que imagina García Márquez tiene una gran sordera progresiva, y selectiva. Casi no oye lo que ocurre en su palacio, pero escucha todito lo que ocurre en su ciudad. Hasta nuestro exgobernador acató nuestros reclamos —eventualmente.

¿Cuándo entenderán nuestros gobernantes de turno que el problema no es nuestro piquete legítimo ni nuestra marcha urgente? Los problemas son sus policías militarizados y sus fuerzas antidisturbios intimidantes, sus órdenes ejecutivas poco juiciosas y nuestros sistemas de salud insuficientes.