Manuel Estrada Cabrera es el personaje de “El señor presidente”, la novela de Miguel Ángel Asturias, y bajo su dictadura de más de veinte años, la mentira oficial pretendía cada día sustituir a la realidad.

Cuando a comienzos del siglo veinte uno de tantos volcanes de Guatemala entró en erupción, mandó desde su encierro en el palacio presidencial a leer por las calles un decreto, donde se establecía la falsedad de la supuesta erupción, fruto mentiroso de una conspiración política para desestabilizar el país, dañar la economía y atrasar el progreso. 

Pero la lluvia de ceniza ardiente aventada por el volcán, que oscurecía el sol, impedía al empleado público a cargo de divulgar el decreto cumplir con su cometido, y a falta de claridad debía auxiliarse con una lámpara de acetileno; además de que, ante la violencia de los temblores, nadie se quedaba a oír su pregón.

En Nicaragua, de acuerdo al discurso del régimen, no existe ninguna epidemia causada por el COVID-19, porque las fronteras del país han sido blindadas, gracias al imaginario oficial, por la protección divina. Todo lo demás, es fruto de la conspiración de cerebros deformes y enfermos, que solo buscan calumniar y difamar. Y desestabilizar el país, dañar la economía y atrasar el progreso.

Los propagandistas oficiales empezaron diciendo que el coronavirus era una enfermedad de ricos ociosos, que no tenía por qué tocar a las puertas de los pobres, de manera que eso de quedarse en casa era una aberración de la propaganda imperialista. La pandemia, en el mundo, no es más que un castigo divino contra la explotación capitalista.

Vivimos algo así como una lucha de clases sanitaria, con lo que el virus se ha vuelto un asunto ideológico. Negar que exista en Nicaragua, un deber revolucionario; prevenir contra su diseminación, una maquinación de la derecha.

En los centros de salud se llegó a prohibir que los médicos y enfermeras usaran guantes y mascarillas para atender a los pacientes, porque eso significaba crear alarmas innecesarias. Y también se advirtió al personal no dar ninguna información sobre la enfermedad, para no crear un estado de histeria colectiva.

Para demostrar que vivimos en el país más sano del mundo, y estamos obligados a ser felices por decreto, la propaganda oficial se ha desplegado en gran alarde para inducir a la gente a amontonarse en las playas, y se mantienen los puertos abiertos a los cruceros, con el inconveniente de que estos dejaron de dejar de llegar por sí mismos; se inventan ferias gastronómicas, se convoca a fiestas patronales. El país es una bomba de contagio.

Y además de que se mantienen abiertas las escuelas y las universidades, se atrae hacia los estadios a los incautos; se montan veladas de boxeo, que la cadena internacional ESPN transmite, como si fueran funciones de circo pobre, rarezas “atípicas” del pintoresco tercer mundo en tiempos de pandemia. 

Los resultados de las pocas pruebas que se realizan no son hechos del conocimiento de los pacientes, y los hospitales y clínicas del estado tienen órdenes de registrar los casos como “enfermedades respiratorias atípicas”. Las estadísticas oficiales no tienen, por lo tanto, ninguna clase de crédito.

Pero mientras el mal es declarado inexistente, los hospitales se hallan abarrotados de pacientes que cuando mueren no pueden ser velados, y deben ser enterrados sin acompañamiento familiar, bajo vigilancia de la policía. Y el temor a la represión se extiende, porque hablar del virus puede convertirse en un acto subversivo. Los deudos de los muertos prefieren callar.

El mecanismo de falsificación de la verdad viene a ser el mismo que fue utilizado a raíz de la represión que dejó centenares de muertos en las calles hace dos años. Los asesinados por disparos de fusiles AK y por balazos certeros de francotiradores, equipados con fusiles Dragunov rusos, y Catatumbo venezolanos, nunca existieron. Las víctimas, enlistadas por los organismos de derechos humanos, habían muerto a consecuencia de riñas por drogas, pleitos callejeros, o accidentes de tráfico. El cinismo en toda su majestad, como ahora otra vez.

Las autoridades sanitarias reconocen solamente 16 casos, con cinco fallecidos, lo que, por una paradoja siniestra, convierte a Nicaragua en el país de más alta mortalidad en el mundo por causa de la pandemia. Pero se ha entrado ya en la fase de transmisión comunitaria del virus, y el Observatorio Ciudadano, un organismo de la sociedad civil dedicado a reunir información, reporta ya cerca de 800 casos de infección en el país. Infección clandestina. 

Hace pocos días, 645 profesionales de la salud, todos especialistas reputados que prestan sus servicios en clínicas y hospitales, y en consultorios privados, firmaron un documento público de denuncia, con el respaldo de todos los gremios médicos. 

En este pronunciamiento sin precedentes, se exige al régimen la adopción de medidas eficaces que son del sentido común, entre ellas la información veraz sobre los alcances de la diseminación del virus en la población, la realización de pruebas, la restricción de reuniones masivas, el distanciamiento social obligatorio, las medidas de aislamiento y cuarentena que sean necesarios, y la protección del personal sanitario de los servicios de atención pública.

Es tarde, dicen los más de quinientos médicos, pero, “en el momento de inicio del ascenso de la curva de casos graves, aún es posible realizar acciones de mitigación que reduzcan el catastrófico impacto en la tasa de letalidad y en el sistema de salud”. 

Y le recuerdan al régimen, que “la salud además de ser un Derecho Constitucional es un Derecho Humano y esuna responsabilidad indelegable del Estado de Nicaragua”. 

Es un documento valiente, porque muchos de los firmantes se exponen a ser despedidos de los hospitales por quebrantar la imagen del estado perpetuo de felicidad en que viven los nicaragüenses, presos dentro de este increíble y fatal espejismo en el que los altavoces oficiales te dicen que quedarse en casa no es más que un vicio burgués.