A través de la historia, filósofos, sociólogos, sicólogos, y muchos políticos también, han aportado definiciones variadas de lo que son gobierno y política.

Siempre llevándolos de la mano, quienes definen ambos términos suelen darles una connotación de servicio al pueblo.

Gobierno es el arte de hacer política, han dicho algunos que han otorgado dotes artísticas a la tarea de gobernar.

Es el arte de lo posible, se ha escrito, pero también se ha planteado que es el arte de lo imposible.

Poco arte exhiben nuestros gobernantes en Puerto Rico. Y, si acaso, el arte de lo imposible, que es a lo que tienen acostumbrados a los ciudadanos.

Imposible darles a nuestros hijos una educación de calidad porque se depende demasiado de fondos federales que ahora se limitan con la excusa, validada recientemente, de que el dinero se lo reparten unos cuantos corruptos.

Imposible mantener un sistema de salud de calidad porque los fondos, federales y estatales, van a parar a las arcas corporativas de unos intermediarios que, a fin de cuentas, tampoco dan el servicio por el que cobran.

Imposible crear un ambiente seguro para los ciudadanos porque no hay plan anticrimen efectivo, ni policías bien pagados, ni control sobre el tráfico de drogas que provoca, según las estadísticas, la gran mayoría de los asesinatos y otros delitos graves en el país.

En el reciente verano del 19, como se le ha llamado a la gesta unitaria de los ciudadanos hastiados de la corrupción y la incompetencia que culminó con la renuncia forzada de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación, a la clase política se le dio la oportunidad de aprender varias lecciones.

Principalmente, se les conminó a todos a gobernar con honestidad y transparencia, lo que implicaba corregir los errores que condujeron al final político de Rosselló Nevares, no a un lavado de cara para seguir en lo mismo.

La gobernadora Wanda Vázquez ya cumplió dos meses en el cargo y hay que reconocerle que ha hecho algunos ajustes, aunque pocos e insuficientes, en la administración, pero sigue vigente la pobre excusa de la falta de fondos para actuar.

Es cierto que en materia fiscal, la dependencia en las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal va camino a fortalecerse si, como opinan los expertos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos opta por afirmar su constitucionalidad y la validez de sus acciones.

Corresponderá entonces al gobierno, más que ahora, ajustarse el cinturón y asegurarse de que el presupuesto se usa en beneficio de los ciudadanos, no para seguir lucrando a intereses particulares y corporativos. Tampoco para seguir pagando salarios y contratos desproporcionados a la realidad del país.

Como gobernadora de transición, según ella misma se ve, tiene que apretar el paso si quiere sentar las bases de ese gobierno honesto y transparente que exigieron los ciudadanos en el verano del 19 y que debe salir de las urnas en noviembre de 2020.

Gobernar, después de todo, también se ha definido como el arte de lo posible.