La noticia no podía ser más desalentadora. Que el 40% de los empleados públicos no se reporte a trabajar, como dice el gobierno que ocurrió entre enero y julio de este año, se añade a la escasez de servicios a los que la ciudadanía tiene derecho y no recibe.

Ya no es solo que no haya fondos para costear la reforma de salud, la educación pública, la seguridad ciudadana. Y siga sumando.

Es como si no tuviéramos suficiente con el incumplimiento gubernamental de sus obligaciones constitucionales, legales y morales de proveer servicios esenciales.

Ahora resulta que, si tuviéramos los recursos económicos que se necesitan, de todas maneras no tendríamos personal suficiente para prestar los servicios.

En promedio, según el informe gubernamental que publica este diario, el 40% de los empleados públicos no se reportó a trabajar en los primeros siete meses de este año. Y, peor aún, en el 13% de los casos, el patrono —que es el gobierno— desconoce el motivo de la ausencia.

Pero hay más. En muchísimos casos, el gobierno no puede siquiera estar seguro de si los empleados acudieron a trabajar.

Quienes no debían ir a trabajar —lo de “trabajar” es una forma de decirlo— son los encargados de supervisar a ese personal que lo mismo se reporta que no. A esos supervisores habría que despedirlos por incumplir su deber.

Pero no culpemos del ausentismo únicamente a los empleados públicos y ni siquiera a sus jefes inmediatos.

La crisis fiscal y económica de Puerto Rico tiene sus raíces en la irresponsabilidad de unos gobernantes que escogieron seguir tomando prestado hasta que llegó el día en que no hubo dinero para pagar los préstamos.

Paralelamente, el gobierno continuó la política de incentivar empresas a diestra y siniestra sin exigir a cambio la creación de empleos de calidad y con salarios dignos.

Era obvio que llegaríamos a donde llegamos. Y que ahora estuviéramos en la disyuntiva de escoger entre lo malo y lo peor, que en todos los casos se reduce a perjudicar a los trabajadores.

Lo que se propone es la reducción de las pensiones en el gobierno, una medida que repercute en las decisiones de la empresa privada sobre la compensación de sus propios empleados. Y, cual flautista de Hamelín, se promete que, a cambio, desaparecerán dos terceras partes de la deuda pública y habrá que pagar mucho menos cada año a los acreedores.

Los responsables de la deuda no pierden nada. Ni se les adjudica la responsabilidad que tienen ni se les exigen cuentas.

Entonces, está mal, muy mal, que haya un ausentismo tan grande en las agencias del gobierno de Puerto Rico. Más si lo comparamos con el promedio de Estados Unidos, que es de alrededor de tres de cada 100 trabajadores.

Pero, los líderes gubernamentales tienen que examinar su comportamiento público, su entendimiento de los problemas de la ciudadanía, su respuesta a las necesidades de la gente, para ver cuánto influye todo eso en el ausentismo.

Las sillas vacías pueden ser, en muchos casos, consecuencia de la conducta de los líderes que se sientan en butacas.