El pasado lunes se hicieron unos anuncios muy importantes en lo que respecta a la reforma policiaca que se lleva en Puerto Rico desde hace más de 10 años. Muchos piensan que la reforma comenzó en el 2013, pero eso no es así. El gobierno lleva gastando millones desde el 2011 cuando el gobernador de aquel entonces, Luis Fortuño, nombro a un exjuez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico a examinar la Policía de Puerto Rico.

En medio de la reforma, a la administración pasada le dio con crear el Departamento de Seguridad Pública o DSP, el cual tampoco ha funcionado.

Quien lo concibieron y lo crearon, obviamente no sabían lo que hacían. Pero la ilusión de “recrear” un departamento como ese en nuestra Isla los envolvió de tal forma que lo que han creado es un departamento de sordera patronal. Digo “sordera” porque lamentablemente son muy pocos los boricuas que tienen la madurez de escuchar las necesidades de sus subalternos y mucho menos dejar a los que saben hacer de lo que saben.

Ese ha sido el problema desde el nacimiento del DSP y seguirá siendo, porque tanto populares como los PNP no se atreven a derrumbarlo, a desintegrarlo como debe ser.

El DSP solo le sirve al secretario de turno y jamás le servirá al pueblo de Puerto Rico, porque simple y sencillamente no hay la madurez gerencial y profesional para eliminar algo que no sirve.

Más allá del DSP esta la reforma, que es el tema que nos atañe hoy.

EL secretario de Justicia federal Merrick Garland anunció el pasado lunes una serie de cambios, guías y procesos para asegurarse de que las distintas reformas policiacas que su departamento está “supervisando” no se conviertan en el mantengo de los monitores federales a quienes no les conviene que la reforma termine.

Puerto Rico, aun cuando no fue mencionado en el reportaje de The Washington Post, es el clásico ejemplo de por qué la reforma no ha cumplido su cometido.

Garland reconoce que la reforma ha contribuido a una baja en la moral de la policía, así como a frustración en las comunidades a las que los distintos cuerpos policiacos sirven. También encontraron exceso en gastos por parte de los monitores y una tendencia a perpetuarse, a no querer terminar la reforma. Todo esto permitido por jueces federales que “supervisan” a esos monitores al igual que el “supuesto cumplimiento” de las reformas.

¡Puerto Rico no ha sido la excepción!

Lo que comenzó con gastos por debajo de un millón de dólares, en la pasada administración se convirtió en la “botarata policiaca”, en ocasiones sobrepasando los dos millones de dólares anuales. Eso sin contar las “exigencias” de consultores, a los cuales había que proveerles oficinas y en una ocasión hasta tuvieron la osadía de pedir un vehículo pagado por el estado.

Consultores, abogados, “expertos constitucionalistas”, investigadores; en fin, aquí lo que ha habido ha sido un menú de cómo no hacer lo que hay que hacer.

El gobierno de Pedro Pierluisi se ha puesto como meta terminar con la reforma para el 2023, lo cual bajo las nuevas guías es inaceptable. La meta de la administración hay que ajustarla al anuncio del secretario de Justicia federal y concluir con este mal gasto en cuanto antes. Obviamente, siguiendo unas guías de cumplimiento que si no se llevan a cabo volverían a caer en la reforma. Sería como estar en probatoria, pero sin el malgasto del aparato burocrático de los monitores.

La reforma ha mejorado a la Policía por el lado de los derechos de los ciudadanos y por el otro ha dejado desprovistos a los mismos ciudadanos del aparato de seguridad, por la pérdida de casi un 50% de sus efectivos.

Una vez “finalice” la reforma, la Policía se verá en una mejor posición de reclutar más efectivos para seguir la lucha contra el monstruo de la criminalidad, a quien nadie ha logrado reformar, apaciguar y mucho menos contener.

¡Juzgue usted!

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