
Opinión
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En Puerto Rico, cada decreto fiscal representa una decisión colectiva. Cuando el Estado concede una exención contributiva o un crédito por inversión, no está simplemente dejando de cobrar: está redistribuyendo recursos públicos, apostando al futuro con el dinero de todas y todos. Por eso, las decisiones sobre incentivos deben estar sujetas a estándares rigurosos de transparencia, trazabilidad y evaluación.
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