El gobierno federal reconoce que se han usado corporaciones y compañías de responsabilidad limitada (conocidas como LLCs) para llevar a cabo actividades ilícitas de forma anónima. Estas actividades incluyen lavado de dinero, financiamiento de actividades delictivas o terroristas, falsificación de moneda, trata humana y venta de drogas. Para atender esa situación, en el 2021 se firmó la ley federal llamada el Corporate Transparency Act (CTA, en inglés). El CTA requiere una nueva planilla para monitorear la titularidad de las entidades legales en aras de evitar que se usen como subterfugio para llevar a cabo actividades ilícitas.