La Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico nació en 1952 bajo un signo maldito. No es, contrario a las demás constituciones del mundo, la ley suprema, pues decisiones suyas pueden ser revisables por las cortes federales de Estados Unidos. Necesitó, para entrar en vigor, que la aprobara el Congreso de aquel país, que se tomó la libertad hasta de tacharle con “liquid paper” toda una sección que le parecía muy liberal para el gusto de los de ellos.

Estados Unidos ha pisoteado esa constitución durante años como le ha dado gusto y gana. Desde siempre permitió, por ejemplo, que autoridades federales interceptaran conversaciones telefónicas, algo que la Constitución del ELA prohíbe expresamente en la Sección 10 de su Carta de Derechos. Más adelante, los federales se empeñaron en aplicar aquí la pena de muerte, cosa bárbara que allá hacen por relajar, pero que aquí abolimos en el 1917 y que por si quedaba duda lo pusimos en la Sección 7 de la misma Carta de Derechos de nuestra Constitución.

Los puertorriqueños, que sabemos defendernos de estas cosas mejor de lo que a menudo reconocemos nosotros mismos, nos hemos negado a consentir en el primitivo ojo por ojo y diente por diente cada que vez que tribunales estadounidenses han querido que nos manchemos las manos con sangre humana.

El último y más grave ultraje de Estados Unidos a la Constitución del ELA fue la aprobación de Promesa y su componente, la Junta de Supervisión Fiscal, que, entre muchas otras, pisoteó las disposiciones constitucionales sobre cómo se confeccionan presupuestos públicos, quitándole dicha facultad a la Legislatura y apropiándosela ellos. Igual, convirtió al gobernador electo por los puertorriqueños en alguien cuyo jefe no es el pueblo, sino los miembros de la Junta.

Acá no nos quedamos tampoco cortos metiéndole puñaladas a la Constitución. Las principales de esas puñaladas fueron los años que estuvimos aprobando presupuestos descuadrados. También la ultrajamos cuando, por medio subterfugios, tecnicismos y hasta fraude, violentamos sus límites prestatarios, cosa que nos trajo a la desgraciada situación de bancarrota y, por consiguiente, encono y frustración en que llevamos viviendo ya más de diez años.

Sorpresa, pues, y agradable, dicho sea de paso, que esa constitución pisoteada, vilipendiada, apuñalada, mancillada, ultrajada, tanto por Estados Unidos como por los gobiernos puertorriqueños que se suponía que la protegieran como a una piedra preciosa, resucitara desde la tumba del desprecio para guiarnos y darnos orden y coherencia en el momento más crítico de nuestra historia. 

Uno puede imaginarse a la Constitución saliendo como un zombie desde la tumba donde la habían enterrado, caminando con pasos lentos y torpes por un terreno baldío cubierto de cráteres humeantes y exclamando, trabajosamente, con voz gutural, como de ultratumba: “Pedro Pierluisi no es un gobernador legítimo”.

¿Quién habría imaginado hace apenas un mes que esa Constitución a la que cada día se le prestaba menos atención, o se le daba menos importancia, que parecía una reliquia de otros tiempos, iba a terminar guiándonos en este momento extraordinariamente crítico de nuestra historia? Cuéntese esa entre las muchas sorpresas de este verano maravilloso del 2019.

Hay lecciones fundamentales para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en esta hora tan grave. A nosotros siempre se nos ha hecho creer que necesitamos tutela desde afuera para funcionar. A menudo, los gobernantes que hemos elegido han hecho a demasiados darles la razón a lo que piensan así. 

Pero en pocos días, los puertorriqueños hemos sido capaces de disponer de dos gobernadores que no nos servían, por nuestra propia cuenta, sin ayuda de nadie.  A uno lo sacamos mediante manifestaciones pacíficas y el otro con el mollero de las instituciones que nos quedan después de la debacle que llevamos años atravesando. Viendo eso así de claro, puede a alguien ocurrírsele que, cuando queremos, podemos manejar nuestros propios asuntos.  

Ricardo Rosselló insultó a Puerto Rico con su incompetencia, su vanidad y la corrupción que permitió a su alrededor y el país lo sacó ocupando las calles de manera pacífica, en el ejercicio de sus libertades de expresión y de asociación. Pedro Pierliusi se saltó el orden constitucional para apropiarse de la gobernación, según él mismo dijo, por su propia decisión, y el país lo sacó echando mano de su vilipendiada Constitución, con la asistencia de una institución nuestra, el Tribunal Supremo, cuyos defectos, lo sabemos, no son pocos, pero que en este caso estuvo a la altura que le requería la historia.

Hace tiempo, los que queremos a Puerto Rico, venimos denunciando, aterrados, el grave deteriroro de nuestra institucionalidad. Pierluisi, o quien lo asesoró, o quien lo apoya, o quien haya querido ponerlo en la gobernación, algunos de esos, o todos esos, apostaron a que el deterioro era tan grave que podían meterlo en Fortaleza sin haber concluido el proceso de confirmación en la Asamblea Legislativa. Se equivocaron del cielo a la tierra. La Constitución los paró. 

Esa constitución, sabemos, es trunca. Desde el Congreso de Estados Unidos, que tiene poderes absolutos sobre Puerto Rico, pueden prenderla y apagarla a conveniencia, como lo han hecho siempre. Para más decir, si a Pedro Pierliuisi, o cualquier otro gobernador, lo hubiesen impuesto desde el Congreso, no habríamos podido hacer nada, como no hemos podido hacer nada contra Promesa ni con la Junta. Necesita actualizaciones importantísimas, como serían la segunda vuelta electoral, el referéndum revocatorio y la igual paga por igual trabajo entre géneros, entre muchos otros cambios. 

Pero, por ahora, es la única que tenemos, la apreciamos, nos ayuda a ordenar la vida colectiva siempre que no se metan los de afuera y, a la hora de la verdad, en estos días aciagos que vive la vieja Borinquen, nos sirvió y nos salvó del caos. Si no lo creen, pregúntenle a Pedro Pierluisi.