Cuando la figura de Pedro Pierluisi fue traida al debate público al tiempo en que el gobierno de Ricardo Rosselló se deshacía en humareda y estruendo de implosión, alguna gente respiró aliviada.

Pierliusi es un miembro con carnet de la misma clase política que llevó al país a la bancarrota y sus vínculos con la clase económica que, desde la trastienda, maneja más de lo que se pueda imaginar aquí son antiguos e indisolubles.

Trae, también, el pesadísimo bagaje de haber sido promotor, y luego asociado, de la Junta de Supervisión Fiscal, lo que lo deja en evidencia como una figura capaz de transar con modelos de gobierno antidemocráticos, cosa que es más grave de lo que aquí nunca se ha querido reconocer.

Y esto, sin mencionar su reciente vida como cabildero, defendiendo clientes con intereses de los que se puede razonablemente concluir que en algún momento han sido, serán o son contrarios a los del pueblo de Puerto Rico, como es el caso de la planta AES en Guayama.

Pero, es una persona de carácter afable, sereno, del que no se puede decir que no sepa de gobierno y que en su desempeño público proyecta, contrario al gobernador del que acabamos de salir, control y experiencia. Habla, en esto también a millas de distancia de Rosselló, como quien sabe de lo que está hablando.

Algunos cerraron los ojos e impulsaron a Pierluisi porque en su comportamiento le veían el potencial de traer establidad, lo cual para algunos sectores es un bien extraordinariamente codiciado en estos tiempos de jóvenes y a veces no tan jóvenes en las calles empuñando banderas negras y pidiendo un nuevo país.

Entre las opciones que se mencionaron con posibilidades reales de ser designados secretario o secretaria de Estado, Pierluisi parecía el que más rápido podía devolver al país al carril de la “normalidad” de la que tan abrupta e inesperadamente se salió en el histórico verano del 2019.

Pierluisi los defraudó a todos. La estabilidad y la “normalidad” añoradas están hoy tan lejos como el día en que renunció Rosselló, en gran parte debido a acciones del propio Pierluisi.

La principal de esas acciones fue la poco prudente decisión de juramentar a la gobernación el viernes 2 de agosto, en secreto, minutos después de que se hiciera efectiva la dimisión de Rosselló, a pesar de que su designación como secretario de Estado no había completado el trámite de confirmación por parte de la Asamblea Legislativa.

Pierluisi juramentó basándose en enmiendas que se le hicieron en el 2005 a la Ley 7 de 1952, que establece la sucesión en caso de ausencia súbita de un gobernador cuando no hubiera un secretario de Estado en propiedad. Quizás tiene razón. Quizás no. Los más eminentes constitucionalistas han escrito opiniones durante los pasados días diciendo que Pierluisi no tiene la razón. No ha salido casi nadie a quien se pueda creer a decir que alguien puede ser secretario de Estado en propiedad sin el consentimiento de ambas cámaras legislativas, como argumenta Pierluisi.

Pero, más allá de las cuestiones legales, que, en honor a la verdad, pueden ser objeto de interpretaciones exóticas e inesperadas, en el ambiente cargado que se ha vivido en Puerto Rico durante las últimas semanas, con un vasto sector de la población harto de las tomaduras de pelo y mirando a la clase política con lupa, la prudencia habría recomendado un curso de acción más cuidadoso.

Al Pierluisi haber juramentado a la gobernación en medio de tan grandes dudas, por su propia decisión según le dijo al país, se ha expuesto a los ataques, no del todo descabellados, de que es un gobernante ilegítimo. Dio la horrible impresión de que quiso saltarse el ordenamiento constitucional para evitar lo que, en algún momento, parecía una derrota casi segura en el Senado, cuyo presidente, Thomas Rivera Schatz, ha sido enfático en que no lo quiere confirmar.

No es fácil sobreestimar cuán grave es el hecho de que un gobernante se estrene bajo la sombra de que hizo o consintió en alguna trampita, o que quiso de alguna forma torcer el proceso, para hacerse con el poder. En ningún sitio, eso es bueno.

En un país como Puerto Rico, que acaba de sacar de Fortaleza a un gobernador que quedó públicamente retratado como alguien que no respetaba ni el cargo de gobernador, ni al gobierno, ni al pueblo al que decía servir, es más grave aún.

Sospechas así pueden servir para exacerbar los ánimos ya delicados de una sociedad muy maltratada y que demostró este verano que finalmente ha perdido la paciencia.

No habría habido impedimento para que el viernes juramentara Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, que ejerciera mientras Pierluisi atravesaba el proceso legislativo y, de ser confirmado, asumiera el cargo después, todavía con todas las sospechas en cuanto a las lealtades que tenía en su pasado reciente, pero totalmente limpio de la sospecha de ser un gobernador ilegítimo.

Si alguno de los cuerpos legislativos no lo confirmaba, por buenas o malas razones, esa la democracia y así es la Constitución, y para que haya orden, debe respetársele tanto cuando nos favorece como cuando no.

Algún día, habrá normalidad en Puerto Rico otra vez. Las acciones de Pierluisi en estos días nos han obligado a la ruta larga para recuperarla.