Hay un episodio de Los Simpsons, la archifamosa serie animada estadounidense, en el que Bart, el niño de la familia, se gana un elefante en un concurso de una estación de radio. De inmediato, la familia se ve precisada a disponer del paquidermo por no poder con los gastos que implica mantener semejante mamut.

Uno de los candidatos a llevarse el animal es un siniestro personaje del que Lisa, la hermana de Bart, sospecha, sin estar equivocada, que es traficante de marfil. Al preguntársele, el hombre responde con una risita: “como la mayoría de las personas, he traficado un poco de marfil”.

The Simpsons es una serie de mordaz contenido social cuyas historias normalmente están preñadas de duras críticas a la sociedad estadounidense, cuyos vicios, en mucha medida, son similares a las de otros países, incluido Puerto Rico.

El episodio del elefante, que concluye con el patriarca Homero Simpson preguntándose “¿quién en estos días puede decir que es bueno?”, trata un tema al que aquí llevamos un tiempo viéndole las fétidas fauces: la pretensión en algunos sectores de intentar caracterizar la conducta corrupta en las esferas públicas como algo normal que no debe escandalizar a nadie porque todos, en alguna medida, lo han hecho alguna vez.

El propósito es hacer que nos acostumbremos y dejen de parecernos escandalosas (cosa, por otro lado, que no está muy lejos de pasar) las noticias de agentes federales allanando temprano en la mañana las casas, por ejemplo, de miembros de la Asamblea Legislativa, como ha pasado al menos dos veces en semanas pasadas.

Como el traficante de marfil que dijo en The Simpsons que “la mayoría de las personas” había incurrido alguna vez en esa deleznable práctica, lo cual es un reclamo absurdo y pico, la representante María Milagros Charbonier quiso en estos días caracterizar como cosa rutinaria y sin importancia los allanamientos del FBI en residencias de legisladores.

El pasado miércoles 15 de julio, agentes del FBI se metieron a su casa en Río Grande y, tras mostrarle una orden judicial, se llevaron su teléfono, el de su esposo y dos tabletas electrónicas. No hay que tener un doctorado en criminología para colegir de ese evento que la representante es objeto de alguna investigación.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, lo confirmó: las autoridades investigativas federales le han pedido información de varios legisladores en el transcurso de una pesquisa sobre lo que se conoce como “empleados fantasmas”.

A Charbonier le cayó en estos días también la revelación de que el Tribunal Supremo la suspendió de la práctica de la notaría por seis meses por violaciones éticas cometidas en el 1999.

Se juntaron una cosa con la otra y la representante anda enfrentando desde entonces reclamos de que renuncie a las comisiones camerales de Ética y de lo Jurídico.

Se defendió al estilo del traficante de marfil. “El cuatrienio pasado estuve en minoría y constantemente se hacían investigaciones y el FBI visitaba constantemente a los legisladores. Entonces, la Cámara se quedaría sin legisladores (si cada investigado renuncia)”, dijo.

Quedó ahí, más claro que el agua, cómo es que quieren que veamos esto. Es parte de una narrativa más amplia, que lleva tiempo echando raíces. Ante el espantoso colapso institucional que vive Puerto Rico, la narrativa que se impulsa desde arriba es que el fracaso, la mediocridad y la corrupción son la norma, que no podemos aspirar a nada mejor.

Así pretenden, pues, que nos conformemos con vivir en un país mayormente en ruinas. Es que son tiempos muy complicados para los que tienen este barco a cargo.

El cuatrienio pasado llegó la bancarrota. Además, una pesquisa criminal llegó hasta las puertas mismas de La Fortaleza con un hermano y algunos de los más cercanos colaboradores del entonces gobernador, Alejandro García Padilla, declarando ante un gran jurado y con un amigo íntimo suyo, Anaudi Hernández, aceptando culpabilidad por cargos de corrupción. El fuego de aquel escándalo alumbró al entonces presidente cameral, Jaime Perelló, quien tuvo que renunciar a su puesto de liderato cuando varios colaboradores también cayeron en la redada.

Este cuatrienio, ni se diga.

El primer gobernador, Ricardo Rosselló, renunció por orden del pueblo cuando quedó retratado en un chat como una persona sin el carácter para el cargo. La gobernadora de ahora, Wanda Vázquez, es objeto de una pesquisa criminal, de la que se defiende desprestigiando a las instituciones que la investigan. Una investigación de empleados fantasmas en el Senado llevó a la cárcel a dos colaboradores políticos del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, mientras un tercero espera sentencia.

Y entonces, la pesquisa también de empleados fantasmas en la Cámara que involucra hasta ahora, que se sepa, a la representante Charbonier y a su colega Nelson del Valle, quien también recibió esta pasada semana la temida visita mañanera de los agentes del FBI.

A eso hay que sumarle el colapso institucional al que nos enfrentamos todos los días los que vivimos aquí.

La luz que se va por días con una mera tormenta tropical. Las denuncias de FEMA de que a tres años de María el gobierno sigue sin estar preparado para un evento mayor de huracán, de terremoto o hasta de pandemia. Los meses que le tomó al Departamento de Salud organizar una respuesta al COVID-19.

Los miles de estudiantes que se quedaron sin clases el semestre pasado por la incapacidad del Departamento de Educación para adaptarse a adelantos tecnológicos. Y, ayer, lo hasta ahora nunca visto: dificultades para ejercer el derecho al voto.

La incapacidad que han demostrado los que gobiernan para detener el acelerado deterioro que viene experimentando la vida colectiva y la institucionalidad en la isla, los lleva pues, a alzar la mano y básicamente decir: “esto es lo que hay”.

Está en nosotros decidir si nos conformamos o aspiramos a algo mejor. Si uno no ha traficado marfil, ni el FBI le ha incautado nada, no debería tener que conformarse con el fracaso.