Pensar que los residentes de ocho comunidades pobres en el corazón de San Juan podrían tener en sus manos el poder de decidir cómo se llevaría a cabo un proyecto enorme de infraestructura y desarrollo urbano —específicamente, el dragado de un cuerpo de agua y la restauración de las zonas aledañas— suena tan improbable hoy como hace dos décadas. En un país donde los índices de indigencia demuestran que las carencias socioeconómicas han sido persistentes y profundas, y donde los menos afortunados son comúnmente descritos, infundadamente, por lo bajo y a bocajarro, como vagos, vividores y buscones, resultaría inverosímil que los pobres puedan definir e implementar soluciones a algunos de nuestros problemas más complejos. Pero esto es precisamente lo que han logrado los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, organizados bajo el Grupo de Ocho Comunidades o G8, en colaboración con los oficiales del Proyecto Enlace, una corporación pública que ejecuta la visión y los planes que han definido los vecinos del Caño.