El Tribunal de Primera Instancia (TPI), tras que se le ordenara asumir jurisdicción, ha destituido a Elizabeth Torres, una funcionaria electa (“delegada extendida”) creada por la ley 167 de 2020, conocida por muchos como la “ley sobre los cabilderos de la estadidad pagados con fondos públicos”. Una lectura sosegada de la sentencia denota un tribunal incómodo con la tarea política partidista asignada. A petición del secretario de Justicia, accedió a pasar juicio sobre una denuncia del partido político en el poder. Resolvió que uno de los tres informes que rindió era incorrecto en su forma (usó el formato de video) así como fallaba en explicar cómo lo informado adelantaba la estadidad.