Recientemente mencionaba que la vida nos enseña que de toda experiencia negativa algo positivo se puede sacar. De hecho, si no logramos identificar el aspecto positivo, es que la lección aún no ha sido aprendida.

En el caso del asesinato de George Floyd, lo positivo de una experiencia tan nefasta no se hizo esperar mucho. Como consecuencia de ello y las protestas, que tres semanas después aún continúan, tanto senadores como congresistas trabajan en lo que consideran cambios necesarios para erradicar, o al menos disminuir, el trato discriminatorio, mayormente contra la población afroamericana, por parte del sistema de justicia.

La Cámara de Representantes federal se adelantó a su cuerpo hermano, el Senado, y sus miembros demócratas presentaron lo que han llamado “Justice in Policing Act of 2020”. Esta pieza legislativa incluye medidas que deben resultar cambios significativos en las reglas que rigen la conducta de los oficiales de ley y orden en Estados Unidos. De hecho, muchas prohíben conductas que son la causa principal de las muertes de las víctimas más recientes. Entre estas, los congresistas han incluido la prohibición de “estrangulamientos”, la técnica utilizada por el expolicía acusado del asesinato de Floyd. En el caso de Breonna Taylor, otra víctima afroamericana fatal a manos de la Policía, los oficiales entraron a su hogar con una orden de allanamiento, sin antes identificarse o tocar a la puerta. La medida legislativa, que busca evitar más casos como este, también prohíbe las “órdenes de allanamiento sin tocar”.

La experiencia parece indicar que muchos de los oficiales involucrados en estos incidentes tenían historial de abuso o mala conducta. Los representantes federales entienden que ese tipo de conducta debe ser registrada para evitar que pase por alto sin consecuencias. Han incluido en la medida legislativa la obligación de crear un registro de oficiales que son disciplinados y despedidos por mala conducta.

Del otro lado del “pasillo”, los senadores republicanos, que representan a la mayoría, han adelantado que presentarán su versión de lo que deben ser los cambios a las reglas que rigen los organismos de ley y orden. Sin embargo, han adelantado que, a diferencia de los congresistas demócratas, no incluirán lenguaje sobre limitaciones a la inmunidad cualificada que hoy protege a los oficiales de ley y orden de demandas civiles. Sin embargo, parece haber consenso en prohibir técnicas como las que provocaron las muertes de Floyd y Taylor.

Y aunque insisto en que, de toda experiencia mala salen cosas positivas, esperaría que no sigan ocurriendo estas injusticias para que el sistema de justicia de Estados Unidos sea como debe ser: justo para todos, sin distinción.

Pero, a pesar de lo increíble que pueda sonar y de los asesinatos y las protestas, los medios de comunicación han denunciado más muertes de personas afroamericanas a manos de la Policía. El caso más reciente ocurrió el pasado viernes, cuando un miembro de la Policía de Atlanta, respondiendo a una situación, le disparara en dos ocasiones por la espalda a Rayshard Brooks, de 27 años, quien pereció.

En California dos casos han levantado son investigados. Malcolm Harsch, de 38 años y, 10 días después, Robert Fuller, de 24 años, ambos afroamericanos, fueron encontrados sin vida colgando de árboles. Las familias de ambos esperan los resultados de las autopsias, pero les preocupa que se confirmen lo que temen: que las muertes son resultado del discrimen racial.

Seguiré de cerca estos incidentes, pero espero encarecidamente que los temores de estas familias no sean confirmados porque, si así fuera tengo que preguntar: ¿será que con el apoyo o, más aún, con la invitación del presidente de la nación estamos regresando a aquellos tiempos en los que blancos “linchaban” a afroamericanos? “Make America Great Again”. ¿“Great” para quién?