En los pasados días se llevó a cabo una votación dentro de la Comisión Federal Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para desmantelar y dejar sin efecto la reglamentación interna que definía los parámetros de acceso al internet en los Estados Unidos de América. 

En una votación 3-2 se decidió que la agencia eliminaría toda reglamentación relacionada a lo que se conoce en la industria como “net neutrality” o neutralidad de la red, que no es otra cosa que el principio de que los proveedores de servicios de Internet, así como las agencias que los regulan permitan el tráfico de datos que transita por la internet indiscriminadamente. Es decir, que las proveedores no puedan cobrarles a los usuarios una tarifa de acuerdo con el contenido al que accedan.

Esto de la noche a la mañana, cambió. En arroz y habichuelas: ahora su proveedor de internet puede cobrarle, no solo de acuerdo con las páginas web que acceda, sino también que puede acelerar o disminuir la velocidad con la cual usted accede a distintos portales. Por ejemplo, un proveedor de telecomunicaciones pudiese unirse con Netflix, Facebook o Twitter, por solo ejemplificar algunas plataformas, y cobrarle tarifas adicionales por el paquete de acceso a esos portales, además de cobrar extra por acceder otros.

Esto no es un asunto de competencia o tarifas entre proveedores. Tampoco es un asunto que afecte meramente la forma en que la gente se entretiene.  Esto es un atentado contra el libre flujo de información.

En el mundo en el cual vivimos, donde el internet es vital para el acceso a la información, en el que la gente accede a noticias en línea en todo momento, en el que han cambiado las formas de socializar y en el que se accede a educación por la red, una decisión como esta podría trastocar nuestra realidad cotidiana y la de muchas empresas.

Me pregunto si nuevamente se verán impactados los y las más vulnerables. Los y las jóvenes estudiantes, envejecientes o las personas de nivel económico bajo, a quienes se les dificultaría pagar más.  O sea, podría tener acceso abierto a la información el o la que pueda pagarlo; para el o la que no, quedará vedado.

Creo que ni la prensa, ni los ciudadanos y ciudadanas entiende la magnitud de este cambio; en el caso del ejecutivo federal quiero pensar que es que tampoco lo entiende. Esta decisión es un duro golpe a la democracia y debería ser analizada y revertida. 

El acceso a la información debe ser un derecho de todas y todos.