El 6 de febrero de 2023 un terremoto sacudió el sur y centro de Turquía y el noroeste de Siria. Hasta la fecha, se estima que han muerto más de cuarenta mil personas, siendo uno de los más mortíferos desde el terremoto haitiano (2010) y uno de los más fuertes registrados en la región del Levante mediterráneo.

Hay que preguntarse el porqué de la cantidad de víctimas. De acuerdo con sismólogos, el área afectada es proclive a movimientos telúricos. En su pasado, Turquía ha sufrido otros temblores de gran intensidad: el terremoto de Cilicia de 1268, en Anatolia del Norte en 1668 y el de Erzincan de 1939. Pero hay un lado político y económico que hay que analizar para entender el nivel del impacto.

En las últimas dos décadas, Turquía experimentó un promedio de crecimiento anual del 5.8 por ciento de su Producto Interno Bruto. Esto fortaleció a su presidente, Recep Tayiip Erdogan, del Partido de Justicia y Desarrollo de orientación islámica, en un país conocido por su tradición secular.

Sin embargo, Turquía ha pasado por dificultades económicas tras la pandemia del COVID-19, con una fuerte inflación y devaluación monetaria. La inflación galopante y el colapso de la lira han llevado a millones de turcos al borde de la ruina financiera, golpeando fábricas, agricultores y minoristas.

Después del terremoto, se han dado una serie de arrestos a desarrolladores mientras se han hecho acusaciones a compañías de construcción de ignorar regulaciones y expandir la construcción, lo que alentó un boom inmobiliario.

Esto es otro ejemplo del resultado de políticas neoliberales: haz dinero rápido, no importa las consecuencias.

Este tipo de resultado lo hemos visto en un sinnúmero de otros desastres naturales, entre ellos el de Haití en 2010 y el de China en 2008, por ejemplo. Es ante este afán de lucro rápido que estos desastres naturales terminan con peores consecuencias para la población civil.

Por otro lado, en Siria, fue el terremoto más mortífero que ha afectado desde el de Alepo en 1822. Sin embargo, la verdadera crisis en Siria la representa la guerra civil, la cual ruge desde el 2011.

El presidente sirio, Bashar Al-Ásad ha buscado la permanencia de su gobierno, una colación multiétnica bajo el Partido Baaz, panarabista y secular, que promovió la unidad árabe en el periodo de la posguerra.

La guerra civil se distingue entre los aliados de Al-Ásad, entre ellos la Federación Rusa, que cuenta con su única base militar en el mediterráneo sirio, Irán y otras fuerzas chiitas. En contra del gobierno de Al-Ásad se encuentran fuerzas islamistas, como el Estado Islámico y Al-Qaeda, y otras fuerzas liberales y regionales, como los kurdos en el área del noroeste, por lo general con apoyo occidental.

Más allá de hacer un análisis sobre el conflicto en sí (el cual está cambiando rápidamente) es importante denotar que el impacto de la guerra, pero en particular de las sanciones contra el gobierno sirio adoptadas por los EEUU y la Unión Europea, están teniendo un resultado nefasto en la población ante el sismo.

Ello incluye la prohibición de exportación de productos estadounidenses, un embargo petrolero (industria clave siria) y sanciones financieras. Las sanciones afectan al sector médico, exacerbando el impacto devastador del terremoto. Estas previenen que países y organizaciones de base puedan proporcionar ayuda directa a civiles y al gobierno sirio.

Estas sanciones deben ser retiradas, o como mínimo, suspendidas en la medida que los esfuerzos de rescate continúan y se produzca un proceso reconstrucción. Ambas, Turquía y Siria, merecen todo nuestro amor y solidaridad en este momento tan crucial.

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