A juzgar por las mociones radicadas recientemente por su equipo legal y los requerimientos de prueba específica a fiscalía, el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez se encamina a ejercer su derecho constitucional a ser juzgado por sus pares – constituidos como un jurado de doce personas – en un proceso criminal en el tribunal federal que presidirá la experimentada jueza Aida Delgado Colón.

Los juicios criminales ante un jurado, tanto en la esfera estatal como federal, son, pese a todas las reglas técnicas de evidencia y de procedimiento, un prolongado ejercicio de persuasión. En el caso del Estado, los fiscales tienen la tarea de presentar, de una manera clara y coherente, testigos y evidencia que tiendan a probar sin lugar a dudas razonables que el acusado cometió la actividad delictiva imputada. Luego de ello, deben hilvanar todo lo que han presentado y, en un informe final, digerírselo al jurado para convencerlos, unánimemente, de que el imputado – en este caso el exalcalde – es culpable de alguno o todos los delitos radicados. (Para ello tienen dos turnos finales ante el jurado, aunque la defensa solo tiene una oportunidad).

La defensa, en teoría, no tiene que hacer absolutamente nada porque al acusado se le presume inocente. Pero, en la práctica, la defensa presentará – a través de preguntas a los testigos de cargo o trayendo testigos propios – una teoría alternativa que compita con la versión de hechos de la fiscalía. Ya el exalcalde Pérez, a través de sus abogados, ha adelantado lo que al parecer será su posible teoría de defensa: que el dinero entregado por el corrupto Oscar Santamaría al político, captado en imágenes divulgadas por las autoridades, no era un soborno. No se trataba, dirá la defensa, de un quid pro quo en el que el alcalde concedía un contrato a cambio de recibir una tajada o kickback para sus finanzas personales. La transacción se trató, en cambio, de lo que Pérez entendía que era un donativo político para su campaña.

Para mantener su credibilidad ante el jurado, la defensa probablemente tendrá que conceder que el supuesto donativo fue poco ortodoxo, hecho a escondidas (no tenía cómo saber el entonces alcalde que el empresario corrupto se había unido al gobierno para intentar salvar su propio pellejo) y probablemente en violación de las leyes electorales y éticas locales. Pero exponerse a procesamientos éticos o violaciones al código electoral local palidece, por ser mucho menos serio, ante una convicción a un delito grave federal con pena asegurada de presidio.

La teoría de la defensa puede que parezca hueca o quizás hasta cínica. Pero, de nuevo, el exalcalde no tiene que probar su inocencia. Tiene que sembrar una duda razonable entre los miembros del jurado. El trabajo de la defensa ahora mismo es resaltar esa duda en las mentes de los jurados de modo que piensen que, quizás, no se trató de un soborno criminal para enriquecerse personalmente sino que todo fue, en realidad, un donativo político muy feo y apestoso. La defensa probablemente tratará de adelantar que al pueblo puertorriqueño puede que le desagrade e incluso le ofenda la forma en que el alcalde se comportó, pero que esos errores se pagan políticamente (por ejemplo, renunciando o no siendo re-electo) pero no en el estadio criminal.

Para adelantar esa teoría hay dos maneras principales. La primera, que será esencial, es cayéndole arriba en el contrainterrogatorio a Santamaría y hacerlo lucir como alguien que durante toda su historia estuvo tras el guiso fácil y que, cuando lo cogieron, raudo y veloz buscó a quién podía hundir para él no sufrir tanto. La otra forma de adelantar la teoría de la defensa es más escabrosa: deberán decidir si el propio Pérez debe sentarse a testificar en su defensa. Esa decisión está minada de problemas (como, por ejemplo, someterlo a un contrainterrogatorio de la fiscalía).

En resumen, el trabajo de Pérez durante su venidero juicio, que ya ha empezado a ensayar, es aceptar algunas realidades – que aceptó dinero de forma irregular, que no lo reportó – pero al mismo tiempo arrojar dudas sobre el verdadero propósito detrás de la transacción que captaron las cámaras de las autoridades federales.

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