Los tres grandes poderes emblemáticos de la democracia estadounidense —el presidente, el Congreso y el sistema judicial— están enfrascados en una carrera contra el reloj para definir el estatus de la Junta de Supervisión Fiscal.

La Junta, a su vez, está empeñada en legitimar su mandato y extenderlo por tiempo suficiente para dejar un plan de ajuste de la deuda aprobado por el tribunal de quiebras de la Ley Promesa antes de que expire el término de sus miembros actuales.

En esta carrera contra el reloj, ¿quién está pensando en el futuro económico de Puerto Rico? ¿Por qué tanta prisa en completar un plan de deuda, que muchos consideran deficiente, cuando los problemas de fondo que nos trajeron a esta situación no se han atendido debidamente?

Para los que no somos expertos en procesos judiciales —o sea, casi todos los puertorriqueños—, y sospecho que también para algunos que sí lo son, no está claro si el estatus definitivo de la Junta se definirá el próximo 15 de julio, la fecha límite puesta por el tribunal de apelaciones que declaró inconstitucional el nombramiento de sus miembros, o en agosto, cuando expiren los términos de los miembros actuales, o en octubre, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos tome cartas en el asunto.

Mientras tanto, los miembros de la Junta, actuando como funcionarios “de facto”, mueven a toda prisa un plan de ajuste de la deuda sin haber sentado las bases de un nuevo orden económico y fiscal que garantice la capacidad de cumplir lo dispuesto en los acuerdos con los bonistas. Los tres poderes de Washington tampoco parecen estar centrados en el problema económico de Puerto Rico, sino más bien enfocados en los aspectos procesales y políticos de la quiebra, que es un evento colateral del verdadero problema de fondo.

El problema de fondo, como todo el mundo sabe, es que la economía de Puerto Rico no produce suficientes ingresos como para proveer servicios públicos esenciales, mantener las pensiones de los empleados públicos y cumplir las obligaciones de pagos a los bonistas.

Esto era así antes del 20 de septiembre de 2017; es mucho peor desde que nos azotó el huracán María. El proyecto de Promesa se supone que consiste en alcanzar un balance óptimo entre estas tres necesidades, a la vez que se fortalece la capacidad productiva del país.

Estamos en riesgo de que se apruebe un plan de deuda, y que luego los miembros actuales de la Junta se retiren, dejando a una junta futura el trabajo de atar los cabos sueltos, procurando un balance sostenible del presupuesto y un plan de recuperación de la economía que se amolden a lo ya negociado con los acreedores. Eso sería, en palabras puertorriqueñas, “poner la carreta al frente de los bueyes”.

El problema de la deuda no tiene solución por separado y por adelantado del problema económico de fondo.

Visto en retrospectiva, parece ser que con la ley Promesa los poderes de Washington nos encerraron en una estrategia para manejar la crisis que le da demasiada importancia al proceso judicial de la quiebra y desatiende aspectos más fundamentales.

La Junta ha tenido mucha autoridad para negociar con los bonistas, y poca capacidad de transformar el “modus operandi” fiscal y económico del país.

Ahora parece ser que la ley Promesa nos encierra también en un laberinto de litigios capaz de enredar a los tres grandes poderes constitucionales de Estados Unidos.