El reloj sigue corriendo y el 1 de mayo de 2017 se acerca. El “stay” de PROMESA ha permitido que los litigios se paralicen temporeramente, pero expira el próximo lunes. Mientras tanto, el gobierno legisla para plasmar su política pública que todo indica beneficiará a los bonistas a costa de los puertorriqueños de a pie. 

Esta semana el debate ha girado en torno al Proyecto de la Cámara 938, un proyecto nefasto, que entre otras medidas reduce dramáticamente los derechos laborales de empleados públicos. De acuerdo al gobierno, esta ronda de recortes generará unos $130 millones en ahorros. Eso está por verse, pues recordamos el oscuro precedente de la Ley 7, que “ahorró” $90 millones en su primera fase, pero representó la pérdida de unos 49,000 empleos públicos y privados en su primer año. 

El impacto del P. de la C. 938 es particularmente perjudicial para las mujeres puertorriqueñas. Miremos los datos. Según datos del censo del servicio público puertorriqueño de 2014, el 59% de los empleados públicos del gobierno y sus corporaciones son mujeres y casi el 50% de éstas ganan $15 por hora o menos – equivalente a una compensación total de menos de $31,200 al año.  Según el American Community Survey del 2015, el 47% de las mujeres en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza y aún en las que están empleadas asciende al 21%. Si examinamos la composición familiar boricua, 300,000 de estas son dirigidas por mujeres: el 60% de ellas vive bajo el nivel de pobreza y cerca de 60% de los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) son mujeres. Por tanto, en un país donde las mujeres son desproporcionadamente pobres, la administración de Rosselló quiere cargarse a los empleados públicos que también resulta son en su mayoría mujeres.  Sin duda, el Proyecto de la Cámara 938 es un ataque a la mujer puertorriqueña. 

Sin embargo, este proyecto atenta además contra los empleados de corporaciones públicas cuyos planes fiscales no han sido revelados al país a menos de una semana para terminar el "stay" que nos protege contra litigios de los bonistas. O sea, legislan para quitar derechos, pero no revelan los detalles del plan fiscal de AAA, AEE, Autoridad de Carreteras, BGF y COSSEC.