La primera semana de vistas de presupuesto destapó las intenciones del gobierno, reveló la fragilidad de su propuesta de presupuesto y confirmó la falta de transparencia de la administración Rosselló y la Junta.

El primer día fue revelador. A preguntas mías, el director de OGP admitió que la cifra de empleados transitorios que el plan fiscal dice quedarán sin empleo es correcta. Aunque no dejó fuera la retórica del gobierno sobre no despedir a nadie, no pudo negar el contenido del Plan Fiscal ni del presupuesto.

El Plan Fiscal indica claramente que en el gobierno hay 11,488 empleados transitorios y que van a reducir 50% de las contrataciones temporeras, o sea, los empleados transitorios, lo que representaría 5,744 empleados fuera en este presupuesto. La revelación provocó la reacción desesperada de todo su gabinete, hasta al asesor legal del gobernador intentó sin éxito darle un giro a la información y tratar de convencer de que no es igual despedir que dejar sin trabajo a alguien. La verdad es que el saldo del primer presupuesto de esta administración y de su Plan Fiscal será miles de personas sin empleo.

El segundo asunto importante que trascendió esta semana es la fragilidad de la propuesta de recaudo del gobierno de $924 millones. Desde el primer día de las vistas el PPD solicitó el desglose de esos nuevos recaudos, pues es información esencial para determinar el nivel de certeza de los recaudos que recibiría el gobierno durante el año fiscal entrante y corroborar si en efecto el gobierno podrá cumplir con las metas de liquidez y a la vez prevenir el recorte de jornada laboral y del Bono de Navidad, según determinado por el gobernador en su plan fiscal. Más aún, dicha información es crítica para evaluar si verdaderamente existe liquidez que garantice el pago de pensiones.

Pues resulta que $519 millones o el 56% de los $924 millones corresponden a la extensión del arbitrio de las foráneas. Sin embargo $405 millones o el 44% del resto de las medidas corresponden a medidas administrativas o nuevos impuestos, alguno de ellos que aún no han sido legislados y que encarecerán el costo de vida de los puertorriqueños.

Pero peor aún, $300 millones de los ingresos proyectados corresponden a iniciativas operacionales de dificultosa implementación, lo que presenta un grado de mayor incertidumbre a los recaudos y por ende la liquidez. Esa realidad pone en peligro el pago de pensiones y hace latente el riesgo en recortes de jornada laboral.

Por ejemplo, entre estas medidas la administración Rosselló incluye:

o $20 millones por modernizar un centro de llamadas o $15 millones por auditorias por correspondencia o $60 millones para redefinir y aumentar las máquinas de entretenimiento o $30 millones para llegar a acuerdos con municipios para terminales fiscales de IVU

Un tercer asunto que ha aflorado es que a pesar de la proyección de decrecimiento económico de 2.8% en la economía de Puerto Rico del Plan Fiscal aprobado, el presupuesto parte de la premisa de que la caída será aún mayor; 4.2%. La peor caída en nuestra economía en la pasada década fue de 3.8% en 2009 y el resultado fue de 84 mil empleos perdidos. Esta proyección sin duda será devastadora para la creación de empleos, para mantener el nivel de empleo en la Isla, para garantizar los recaudos del gobierno y para los esfuerzos de desarrollo económico. Evidentemente. El escenario que hemos visto hasta ahora pone claramente en duda la capacidad del gobierno en lograr las metas de liquidez dispuestas por ellos y por la junta en su plan fiscal para prevenir el recorte de jornada laboral, la eliminación del bono de Navidad y pone en riesgo el pago de pensiones. Le corresponde al gobierno demostrar con datos claros y creíbles que la gente no sufrirá los efectos de un presupuesto defectuoso que no cumplirá con las metas establecidas.