En los pasados cinco años, la economía local ha experimentado un grupo de eventos catastróficos que parecen hundirnos en una situación de mayor miseria, desesperación y frustraciones sociales. 

Este grupo de calamidades ha hecho que nuestro futuro económico sea incierto y, a la vez, coloca en entredicho la capacidad menguada de pagar a los acreedores y bonistas. 

Nuestra prolongada depresión económica desde el primer trimestre de 2006, unida a las proyecciones de los planes fiscales realizados por el gobierno central y aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal, advertía de esta incapacidad de pagar la deuda en ausencia casi absoluta de un crecimiento económico sostenible. 

A esto se unía la negligencia de no haber definido los servicios esenciales antes de realizar negociaciones con los acreedores. Hoy, con la amenaza de la pandemia del COVID-19, la bandera de la definición de los servicios esenciales ha sido inmediatamente levantada por las autoridades e implantada de manera expedita.   

La primera calamidad es el manejo impropio del presupuesto público y de la deuda de las administraciones políticas. De los pasados 40 años al presente, el presupuesto central se ha manejado con criterio del favoritismo político haciendo añicos el sistema de mérito. Se trabajó con un clientelismo político y amplias modalidades de corrupción pública. La deuda emitida tiene la responsabilidad dual: por un lado de aquellas administraciones que fueron al mercado municipal de bonos de Estados Unido y, por otro, de aquellos bonistas que prestaron sin analizar las consecuencias posibles de los actos compartidos. 

Hoy se quiere que el sacrificio de pago y de austeridad fiscal, recaiga primordialmente sobre las clases sociales menos privilegiadas. Mientras, los recortes en las pensiones, el cierre de Banco Gubernamental de Fomento y la crisis de los municipios, así como la reducción de los gastos públicos esenciales y de las aportaciones productivas a la Universidad de Puerto Rico, entre otros, hacen que el sacrificio social y económico sea diseñado para las clases media y baja del país. Se exime de este sacrificio a aquellos culpables de emitir la deuda y a los bonistas que adquirieron la misma.

La segunda calamidad surge del efecto combinado de los huracanes Irma y María en 2017.  La economista Heidi Calero y un grupo de expertos llegaron a la conclusión que el daño económico de María llegaba a $159,500 millones y que se tardaría hasta 22 años para una recuperación total de los efectos perniciosos de estos eventos.  

La tercera calamidad ha sido el terremoto del 7 de enero del 2020, el cual llegó luego de más de cien años de otro que incluyó un tsunami justo el Día de San Fermín, el 11 de octubre de 1918. Aunque el mayor impacto del reciente terremoto fue en municipios del sur, los efectos en la infraestructura afectaron a toda la isla.  El impacto económico del terremoto, según mi estimado, ronda los $1,756 millones, un 1.7% del PIB nominal. Se consideran en el cálculo, los daños a todo el sistema de energía eléctrica y a la planta de Costa Sur.

La cuarta calamidad, es la Pandemia del COVID-19 y sus efectos colaterales en la economía local. El estimado de daños económicos apunta a sobre $2,500 millones para el 2.6% del producto interno de Puerto Rico. Si se prolonga este distanciamiento social, el cual considero necesario e insoslayable, la cifra de pérdida económica puede llegar a sobre $4,000 millones.

El daño económico y social de estas calamidades es claro y podría sobrepasar los $200,000 millones, excluyendo los efectos al capital social. Sin embargo, los efectos no aterrizan en una economía saludable sino en una contraída ya por dos décadas. 

Ante este cuadro, peguntamos:  ¿podemos pedirle a la clase media y baja, así como a grupos vulnerables como los pensionados, personas mayores o familias bajo los niveles de pobreza, entre otros, pagar una deuda que en primer lugar no fue responsabilidad suya?